Sindicatos inician en Extremadura una "masiva recogida de firmas" en defensa del servicio público de la justicia

Los sindicatos de la Administración de Justicia CSIF, STAJ, CCOO Y UGT inician este martes, 4 de diciembre, en todas las sedes judiciales extremeñas una "masiva recogida de firmas" en defensa del Servicio Público de la Justicia "para todos los ciudadanos sin exclusiones".

Los sindicatos de la Administración de Justicia CSIF, STAJ,

Ccoo y ugt inician este martes, 4 de diciembre, en todas las sedes judiciales extremeñas una "masiva recogida de firmas" en defensa del Servicio Público de la Justicia "para todos los ciudadanos sin exclusiones".

Una recogida de firmas para pedir que la justicia "siga siendo un servicio público" que garantice el acceso de todos los ciudadanos "en condiciones de igualdad, tal y como proclama la Constitución, que garantiza el principio de tutela judicial efectiva", señalan los sindicatos en nota de prensa.

Además, muestra su rechazo a la Ley de Tasas Judiciales porque "crea una justicia solo para una minoría privilegiada" e "impide el acceso a este derecho fundamental a la inmensa mayoría de la sociedad por no tener los recursos que dicha Ley establece".

También lamentan el "oscurantismo y el despotismo" que a su juicio ha mantenido el ministro de Justicia en la elaboración y tramitación de los proyectos de ley de reforma de la Administración de Justicia, que ha realizado "despreciando soberanamente a los profesionales y empleados públicos que día a día somos los que mantenemos en pie el servicio público", señalan.

Rechazan además otros proyectos del Ministro de Justicia de reforma de esta Administración, que "van a suponer un encarecimiento de la Justicia para los ciudadanos, que pagarán por unos servicios que ahora prestamos los empleados públicos de la Administración de Justicia de forma gratuita, al ser un servicio público indispensable", señala.

Finalmente, estos sindicatos realizan un llamamiento a todos los profesionales de la Administración de Justicia, jueces, fiscales, abogados, procuradores, ciudadanos usuarios de la Justicia, organizaciones sociales y a todos los empleados públicos que prestan sus servicios en la Administración de Justicia a "defender este servicio público indispensable".

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