El perito que elaboró un informe sobre las subvenciones otorgadas por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) ha ratificado este jueves ante la jueza que existieron numerosas irregularidades en cuanto a tramitación y certificaciones. Así, ha mantenido que la fundación no cumplía el requisito de experiencia exigido por la ley, y que algunos de los pagos se efectuaron antes de que se reformularan los proyectos presentados, según ha podido saber Europa Press.

Este perito estaba citado a las 9.30 horas en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para declarar en relación al informe que le solicitó la magistrada que instruye el conocido como 'caso Cooperación', en el que se investigan las ayudas otorgadas por la extinta conselleria, de la que era titular el diputado Rafael Blasco, a diferentes ONGs.

El perito ha estado prestando declaración hasta las 14.00 horas, y luego le tocaba el turno a dos extrabajadoras de Fundación Cyes, José Cervera Tomás, y Adela Rodríguez Albert, ambas imputadas en el procedimiento. Antes de interrogar al perito, las defensas han solicitado a la magistrada la suspensión de las declaraciones alegando que no habían tenido acceso a parte de la documentación de la causa y, por tanto, no iban a poder preguntar sobre determinados aspectos. Sin embargo, la jueza ha decidido seguir con el calendario, tal y como estaba previsto. Este hecho ha provocado que tan solo formulara preguntas el ministerio fiscal.

Y el interrogatorio del fiscal ha sido muy extenso y detallado, puesto que iba preguntando al perito, párrafo a párrafo, si se ratificaba en lo que había descrito en su informe, de 220 páginas. El perito ha ratificado cada uno de los puntos del escrito, en el que se describen diferentes irregularidades en los cinco proyectos adjudicados a Fundación Cyes, que sumaban 2,2 millones de euros.

De esta forma, el perito ha reiterado —tal y como indicó en su informe— que desde el departamento de Blasco se autorizaron y se abonaron subvenciones cuando no se cumplía de manera estricta la normativa estatal que regula esta actividad.

Como ejemplos, ha reproducido que la fundación no cumplía con el requisito exigido de la ley de experiencia previa, es decir, poder demostrar que realizó seis proyectos en el país destinatario de la ayuda. Al respecto, algunos de los imputados en la causa ya señalaron en sus declaraciones que hubo oposición a autorizar algunas de estas subvenciones precisamente porque se incumplía este requisito.

Además, el perito también ha indicado que detectó irregularidades en los pagos, en cuanto a que se abonaron subvenciones a esta entidad antes de que se rehicieran algunos de los proyectos presentados, y eso pese a estar prohibido.

Por otro lado, el perito mantiene que se hicieron pagos irregulares a una firma del empresario Augusto César Tauroni, —único imputado en prisión por esta causa— y a otra firma en la que figuraba el presidente del patronato de Fundación Cyes, Marcial López, y miembros de su familia.