El Gobierno andaluz ha aprobado este martes el decreto por el que se crea y regula el Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía, órgano asesor y consultivo que reforzará la coordinación de las competencias autonómicas y locales en esta materia.

El Consejo, previsto en la Ley de Protección de los Animales, estará presidido por la persona titular de la Consejería de Justicia e Interior e integrada por doce vocalías.

De ellas, cuatro corresponderán a la representación de la Junta de Andalucía y serán desempeñadas por personas titulares de centros directivos con competencias en régimen local, policía andaluza, sanidad animal y medio ambiente.

Otras siete serán designadas por la asociación de municipios y provincias de mayor implantación en el ámbito autonómico, y la última por el Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios. La vicepresidencia será ejercida por la persona titular de la dirección general competente en materia de protección y bienestar de animales de compañía.

Incremento de mascotas

La creación del nuevo órgano pretende dar respuesta a las nuevas necesidades de control, protección y coordinación administrativa que se plantean en la comunidad autónoma en relación con los animales de compañía, especialmente por incremento de estas mascotas en los hogares.

Entre las funciones del Consejo destacan la emisión de informes sobre proyectos normativos de desarrollo de la Ley de Protección de los Animales; la realización de estudios encargados por las administraciones públicas con atribuciones en la materia, y la proposición de iniciativas para mejorar las medidas de control y registro.

Estas actividades prestarán especial atención al objetivo de coordinar las competencias en protección y bienestar, que corresponden a la Junta, y las de gestión y disciplina relativas a animales de compañía y de los potencialmente peligrosos, a cargo de los municipios.

De acuerdo con el decreto, la creación y puesta en funcionamiento del nuevo órgano será atendida con los medios personales y materiales de la Consejería de Justicia e Interior, sin que ello suponga incremento del gasto público.