Un nuevo caso de corrupción en Brasil deja varias destituciones de altos funcionarios

  • Entre ellos se encuentra la jefe del Gabinete de la Presidencia en São Paulo, Novoa de Noronha.
  • Están acusados de elaborar informes técnicos fraudulentos para favorecer a determinadas empresas privadas en contratos públicos.
  • La red tendría ramificaciones en un ministerio y siete órganos públicos.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
EFE
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

La mandataria brasileña, Dilma Rousseff, ordenó este sábado la destitución o separación del cargo de todos los funcionarios públicos implicados en un nuevo escándalo de corrupción, entre ellos altos cargos como la jefe del Gabinete de la Presidencia en São Paulo, informaron fuentes oficiales.

La decisión de la mandataria fue confirmada en un comunicado de prensa un día después de que la Policía Federal realizara la llamada Operación 'Porto Seguro' para arrestar a seis de los 18 acusados de integrar la red de corrupción.

La operación tuvo como fin desmantelar una organización en la que están implicados varios altos funcionarios del Estado, que tendría ramificaciones en un ministerio y siete órganos públicos, y que se dedicaría a elaborar informes técnicos fraudulentos para favorecer a determinadas empresas privadas en contratos públicos.

Entre los 18 acusados de delitos como corrupción, falsificación de documentos y tráfico de influencias figura la jefa de Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo, Rosemary Novoa de Noronha, así como directores de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac).

"Por determinación de la Presidencia, todos los funcionarios formalmente acusados en la Operación Porto Seguro serán separados de sus cargos o exonerados de todas sus funciones", según el comunicado divulgado por el palacio presidencial de Planalto.

Se harán investigaciones en los organismos citados

Rousseff también determinó que todos los organismos citados en el proceso policial inicien investigaciones administrativas propias, de acuerdo con la nota.

En cuanto a los directores de las agencias reguladoras acusados, la jefe de Estado determinó tanto su separación de los cargos como la apertura de procesos disciplinarios.

Novoa de Noronha fue nombrada como jefe del Gabinete de la Presidencia en São Paulo en 2003 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff la mantuvo en el cargo cuando sustituyó a su mentor político en 2011.

La funcionaria, acusada de tráfico de influencias y corrupción, había sido secretaria del exministro de la Presidencia José Dirceu, durante muchos años la mano derecha de Lula y que este mes fue condenado a diez años y diez meses de cárcel en el mayor juicio por corrupción ya realizado en el país.

La Policía Federal llegó a realizar una inspección el viernes en la sede del Gabinete de la Presidencia en São Paulo para buscar documentos que puedan ser usados como pruebas.

Igualmente fue destituido José Weber Holanda, el segundo funcionario en la jerarquía de la Abogacía General de la Unión.

Los cabecillas de la trama

La red de corrupción estaría encabezada por los hermanos Paulo y Rubens Vieira, el primero director de la ANA y el segundo de la Anac, dos de los arrestados el viernes y que también perdieron los cargos.

La trama corrupta al parecer también tenía ramificaciones en la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antac), en la Secretaría del Patrimonio de la Unión (SPU), el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Ministerio de Educación.

Según el superintendente de la Policía Federal en São Paulo, Roberto Troncon Filho, el grupo recibía propinas de empresarios para agilizar el papeleo en procesos de su interés y elaborar informes técnicos "a la medida" para favorecerlos.

La organización comenzó a ser investigada en marzo de este año a partir de la denuncia de un funcionario del TCU que confesó que le ofrecieron 300.000 reales (unos 145.000 dólares) por elaborar un informe técnico que beneficiase a un grupo empresarial.

El funcionario aceptó y recibió parte del pago, pero después, al arrepentirse, devolvió el dinero y denunció lo ocurrido a la Policía Federal.

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