El redactor del PGOU de San Roque (Cádiz), Luis Recuenco, asegura que la propuesta de inicio del expediente de resolución de su contrato aprobada por el Pleno municipal "se fundamenta exclusivamente en la supuesta demora en el cumplimiento del plazo", y "en absoluto en la existencia de deficiencias" que el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), viene manifestando públicamente.

En un escrito facilitado por Recuenco a Europa Press, acusa de "ocultar" determinados documentos al gobierno local, que, según asegura, pretendía la inclusión en el PGOU de "5.300 viviendas más de las legalmente posibles". Entre otras cuestiones, niega también que haya cobrado honorarios que superan el millón de euros, como afirma el alcalde. Por todo ello, solicita el mantenimiento de debates públicos a fin de aclarar la situación.

Según ha venido informando el Ayuntamiento sanroqueño, el Pleno ordinario del 25 de octubre aprobó —con los votos del equipo de gobierno y la abstención de PP y USR— el inicio de expediente de resolución del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del documento de revisión y adaptación del PGOU adjudicado a Recuenco.

Argumentaba que la Corporación contrató a Recuenco en 1998 para este fin, habiéndole abonado el Ayuntamiento "1,1 millones de euros" sin que tenga hasta la fecha "ningún documento válido", ya que los técnicos municipales "detectaron fallos y omisiones" en el entregado en agosto pasado, agregando que "se habían incumplido, además, los plazos de entrega".

Demora municipal y documentación "falseada"

El arquitecto director del equipo adjudicatario de la redacción del PGOU se defiende de la "supuesta demora de dos meses" en la que habrían incurrido en relación a un expediente que viene desarrollándose en 14 años. A título de ejemplo, detalla que la última actividad del equipo redactor en cumplimiento de su contrato fue la entrega del informe de alegaciones el 9 de febrero de 2007, mientras que el Ayuntamiento no produjo el documento de instrucciones preciso para redactar la aprobación provisional hasta el 8 de marzo de 2012, lo que supone "una demora del Ayuntamiento de cinco años".

Continúa relatando Recuenco que en junio de este año solicitó la ampliación del plazo de entrega -la cual fue aceptada— porque el Ayuntamiento "no le había facilitado la cartografía" y porque el documento de instrucciones elaborado por el arquitecto jefe del área de Urbanismo era "incumplible", al incluir "5.300 viviendas más de las legalmente posibles".

El arquitecto expresa sus sospechas de que "pudiera estar falseado" el informe de instrucciones para el PGOU redactado por el arquitecto municipal y avalado por el alcalde, "con supuesta fecha del 20 de junio". No descarta que dicho informe "pudiera haber sido redactado en la actualidad" e introducido ahora de forma "fraudulenta" en el expediente, lo que también pudiera ser "un intento de pretextar una demora inexistente y que ahora se utiliza como único motivo de suspensión del contrato".

Vulneración de la legalidad

Asevera Luis Recuenco que el acuerdo de suspensión del contrato "vulnera frontalmente toda la legalidad", tanto el pliego de condiciones del concurso como lo establecido en la Ley 13/95 de mayo. Además, defiende que "la ocultación del expediente y los informes técnicos y jurídicos que contiene", que no le han sido facilitados, le "priva del más elemental derecho a defenderse" conforme a lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo.

Por todo ello, emplaza públicamente al alcalde sanroqueño para que aclare éstas y otras cuestiones, como la relativa a sus honorarios. En este sentido, pide celebrar un debate público con la interventora municipal para determinar "los honorarios profesionales devengados y su fecha de cobro, su concepto, importe e IVA, procedencia de los mismos, acuerdos municipales al respecto y votaciones de los grupos políticos, e informes favorables en todos los casos del arquitecto municipal y la Intervención Municipal".

Asimismo, pide que se aclaren también las cantidades abonadas en relación al PGOU por la empresa municipal Emroque a empresas como 'Territorio y Ciudad', así como las abonadas al arquitecto jefe del Área Municipal de Urbanismo en los últimos 14 años.

Finalmente, reitera su solicitud de exponer el documento del PGOU a la Corporación Municipal y/o públicamente, que se haga público dicho documento y el elaborado por el arquitecto municipal con las instrucciones para su redacción, así como que se le facilite el expediente municipal para la resolución del contrato y los informes que hasta ahora "se le ocultan".