El dictamen de la comisión de investigación sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) del Parlamento que fue aprobado ayer recoge una serie de recomendaciones, que salieron adelante con los votos de PSOE-A e IULV-CA, entre las que se incluye que el Gobierno andaluz proceda con la máxima diligencia a la recuperación de los fondos indebidamente transferidos.

También se le insta a la que culmine de inmediato la revisión de oficio de todas las ayudas a empresas concedidas con cargo al programa 31L para verificar las condiciones en que fueron concedidas e iniciar los procedimientos de devolución en aquellos casos donde se hayan incumplido los compromisos de creación o mantenimiento del empleo y la actividad económica, y a que informe al Parlamento con periodicidad máxima de seis meses y de forma pormenorizada de la marcha de este procedimiento.

Otra demanda al Ejecutivo consiste en que informe al Parlamento de manera pormenorizada de todas las ayudas e incentivos concedidos por la Junta o por otra institución con la mediación de ésta desde 2001 hasta la fecha a las empresas cuyos trabajadores hayan sido beneficiarios de ayudas a la prejubilación así como de la evolución del empleo y la actividad productiva desde el momento de concesión de la ayuda hasta la fecha.

En cuanto a las recomendaciones relativas a la publicidad y transparencia de la gestión pública, se plantea la necesidad de incrementar de manera inmediata el conocimiento directo de la ciudadanía y la opinión pública sobre la aplicación de las políticas de ayudas y subvenciones.

En este sentido, se establece la obligación del Consejo de Gobierno de elaborar un registro público de ayudas, subvenciones e incentivos. Ello conlleva que todas las ayudas, subvenciones e incentivos concedidas por la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales que sobrepasen el umbral de 5.000 euros de una sola vez o acumulada en un periodo de doce meses deberán publicarse a partir de la fecha de la resolución de concesión siendo nulo de pleno derecho cualquier acuerdo que contravenga este requisito con exigencia de las oportunas responsabilidades administrativas

De igual manera, se plantea la creación de un registro que dé cumplida información de los convenios que se celebren con y por cualquier entidad pública, incluidas las sujetas al derecho privado, y que se establezca la obligación de remitir a la Cámara de Cuentas la información sobre los convenios celebrados por las entidades del sector público.

Asimismo, el dictamen recoge que, en tanto no se regule en la futura Ley de Transparencia y en colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía, se arbitre en el Parlamento un procedimiento para facilitar la denuncia y proteger al denunciante que revele información que pudiera evidenciar irregularidades normativas, graves fallos de gestión, despilfarro de recursos, discriminación de género u otro tipo y otras anomalías, especialmente si es un empleado público.

Se pide además que el Gobierno andaluz elabore, en el marco de la modernización de la Administración pública andaluza y para alcanzar unos servicios públicos de calidad, un código de buena conducta aplicable a todos aquellos que intervengan en un procedimiento administrativo.

En cuanto a las recomendaciones relativas a los mecanismos de control, el dictamen incluye restringir al máximo de los supuestos de subvención excepcional que, en todo caso, deberán ser fiscalizados previamente por la Intervención General de la Junta de Andalucía que, para cada subvención, suscribirá un dictamen que comprenderá, bajo su responsabilidad, la vinculación al interés público y la imposibilidad de acudir a bases reguladoras existentes o a promulgar específicamente.

Se aboga además por profundizar en la regulación del procedimiento a seguir por la Intervención, cuando durante el curso de una auditoría de una entidad, advierta deficiencias provocadas por una entidad u organismo distintos del auditado.

De igual manera, se demanda la modificación de la Ley de Hacienda Pública de manera que todas las ayudas, subvenciones, incentivos y cualquier otra operación que suponga un riesgo financiero para la Hacienda Pública deba ser ratificada por la Comisión de Asuntos Económicos si excede un millón de euros y por el Consejo de Gobierno si excede los dos millones de euros.

En relación con las recomendaciones relacionadas con las actuaciones y programas dirigidos al fomento del empleo, mantenimiento del tejido productivo y relaciones laborales, se pide "impedir, en todo caso, que las transferencias a empresas supongan un incentivo para la rescisión de contratos laborales ni de forma directa ni a través de supuestas ayudas individuales a los trabajadores que van a perder su empleo" y que se limiten las ayudas a fondo perdido a las empresas, en particular, para medianas y grandes empresas.

Críticas al pp

El dictamen, que se ha aprobado finalmente con los votos de PSOE-A e IULV-CA (mientras que el PP-A lo ha rechazado en su totalidad), pone de manifiesto "el interés descarado por parte de la derecha andaluza y nacional en inflar a priori la cuantía de lo presuntamente defraudado, aun a costa de poner en cuestión los importantes beneficios de las ayudas sociolaborales a las prejubilaciones correctamente distribuidas".

Se reprocha al Partido Popular que hay "identificado la magnitud del fraude con la totalidad de la dotación presupuestaria del programa 31L en los diversos ejercicios". "Aun no habiendo culminado en su totalidad las investigaciones que permitan fijar el fraude con precisión, puede decirse que la inmensa mayoría de las ayudas sociolaborales conseguidas son legítimas y que las irregularidades cometidas en su tramitación no permiten poner en cuestión el derecho de sus beneficiarios a obtenerlas", según el dictamen.