El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha reclamado este viernes al Gobierno central un gran acuerdo sobre política energética que proporcione un "horizonte y una base regulatoria estable" y que fortalezca la competencia del sector de las energías renovables.

Ávila, que ha participado en Granada en el Foro Desarrollo Sostenible, organizado por Ideal e Iberdrola, ha señalado que es imprescindible que esta hoja de ruta sobre políticas de fomento de energías renovables y actuaciones de eficiencia energética se desarrolle en un escenario de colaboración del Estado con las Comunidades Autónomas.

Para el consejero, no es posible hacer política energética ni negocio sin una estrategia a largo plazo que se mantenga, y las últimas decisiones en esta materia adoptadas por el Ejecutivo central ponen en riesgo mucho esfuerzo, inversiones y muchos puestos de trabajo en un sector como las renovables, con potencial para seguir creando actividad y empleo.

Ávila ha destacado que el sector de las energías renovables es clave en la competitividad del tejido productivo andaluz, por lo que es prioritario para el Gobierno andaluz mantener, dentro de su margen competencial, la estabilidad normativa y las políticas de fomento que han permitido el despliegue del sector y garantizan su desarrollo futuro.

No obstante, el consejero ha recordado que el Gobierno central suspendió el pasado mes de enero, mediante Real Decreto, los procedimientos de preasignación estatal de retribución y los incentivos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

Una medida que, según Ávila, tiene efectos significativos en Andalucía, ya que deja en el aire 4.300MW en instalaciones renovables ya priorizadas por la Junta, en las que hay comprometidas inversiones de casi 12.000 millones de euros, que podrían generar empleos directos para más de 38.000 personas y que puede afectar a la ejecución de otros proyectos industriales asociados a las energías renovables que estaban en cartera.

En Granada, la medida ha paralizado 54 proyectos de distintas tecnologías renovables priorizados por la Junta, que suponían inversiones por valor de 2.000 millones de euros y la creación de 6.500 puestos de trabajos, así como la generación de 900 MW.

A esta decisión política, ha añadido el consejero, se ha sumado el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, aprobado en septiembre por el Consejo de Ministros, una norma que ha calificado como claramente discriminatoria para los proyectos renovables. Si esta ley, que entrará en vigor a principios de 2013, mantiene su actual redacción, ha explicado, afectará a algunas de las tecnologías renovables más relevantes en Andalucía, como la termosolar o la biomasa.

Para el titular de Economía, la norma no aborda los problemas fundamentales ligados a la forma de retribuir la generación eléctrica, va a encarecer la tarifa eléctrica a los consumidores domésticos e industriales, va a penalizar de forma injustificada las energías renovables y de cogeneración y no será realmente eficaz para solventar el problema del déficit de tarifa.

Junto a todo ello, ha indicado Ávila, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 evidencian también el abandono de la estrategia política que apuesta por las renovables, al no contemplar partida alguna para las políticas de ahorro y de eficiencia energética, lo que, para el consejero, supone el abandono del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética y el Plan Nacional de Energías Renovables.

El titular de Economía ha concluido que todas estas medidas suponen una pérdida de seguridad jurídica y de credibilidad que repercutirán directamente en el desarrollo de las energías renovables en España y, especialmente, en aquellas economías que más han apostado por ellas, como Andalucía, donde este cambio de reglas del juego mermará y pondrá en riesgo la posición de liderazgo en el sector renovable.

Entre los efectos de este cambio de regulación, Ávila ha enumerado que se verán gravemente afectados empresas, inversiones y empleo, que verán amenazada su supervivencia; mermará el desarrollo de I+D+i en el sector; peligra el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia energética en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad 2020 de la Unión Europea; y repercutirá en los programas de ahorro y de eficiencia energética que oferta la Junta de Andalucía.

El consejero ha explicado que el Gobierno andaluz fomenta la consolidación de un modelo energético basado en la eficiencia, en el consumo y la generación por fuentes renovables, lo que ha hecho que la generación por estas tecnologías y la innovación en este campo sean uno de los factores que añaden más competitividad a la economía andaluza y se conviertan en una actividad estratégica para Andalucía.

En este sentido, ha apuntado que, en los últimos años, la Junta de Andalucía se ha esforzado en generar un entorno competitivo para el desarrollo del sector de las renovables, con medidas como una planificación energética diseñada en consenso con los agentes económicos y sociales; una política de incentivos que prioriza la atención a este sector, catalogado como estratégico; la priorización de proyectos industriales de interés para la región y la captación de inversiones; y el impulso de la I+D+i sectorial, con iniciativas como la creación de la Plataforma Solar de Almería (PSA) y el Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (CTAER), en los que se fomenta la colaboración empresarial y la transferencia de tecnología.

Esta apuesta política ha tenido efectos positivos en Andalucía desde el punto de vista económico, energético e innovador. Respecto a los resultados socio-económicos, ha destacado que el sector de las renovables es uno de los que registra mayor crecimiento en los últimos años, hasta alcanzar hoy las cerca de 1.400 empresas que emplean a más de 44.000 personas y que han movilizado más de 11.000 millones en inversiones entre 2008/11.

Con relación a los resultados energéticos y medioambientales, Andalucía ha conseguido que más del 33 por ciento de la electricidad consumida por los andaluces provenga de fuentes renovables (en 2006 era menos del 7%); produce la misma riqueza empleando un 4 por ciento menos de energía; ha reducido en la última década un 42% las emisiones de C02 por cada unidad de generación eléctrica producida; la comunidad es líder en solar térmica de baja temperatura, en termosolar, biomasa y capacidad de producción de biocarburantes, y destaca en fotovoltaica y eólica; y ha alcanzado el grueso de los objetivos marcados para 2013 en el Plan Energético andaluz (PASENER).

En el ámbito de la I+D+i, el consejero ha apuntado que Andalucía es hoy día una región que exporta tecnología termosolar, la primera región europea en poner en marcha proyectos comerciales de centrales termosolares y la única con una central de tecnología de concentración de torre con helióstatos planos.

En los últimos cuatro años, Granada ha multiplicado por cuatro su potencia renovable gracias a la configuración de un parque de energía eléctrica basada en las energías limpias, con una potencia de 690 MW.

Es rica en recursos naturales aptos para la generación energética, especialmente el viento, pues la mitad de la potencia renovable instalada en esta provincia (350 MW) proviene de la energía eólica generada en los 16 parques repartidos por su geografía; y sol, ya que despunta en desarrollo de la tecnología termosolar (150 MW) y fue referente mundial al poner en marcha la primera planta comercial en el mundo con almacenamiento térmico, que le permite operar incluso de noche (Andasol I).

Asimismo, ha mejorado posiciones en energía hidráulica, con 24 centrales operativas, en fotovoltáica y en biomasa térmica.