La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP cordobés, Rafaela Obrero, ha advertido que el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene "la intención de eliminar" los cursos de 1º y 2º de ESO de varios centros educativos Semi-D de la provincia de Córdoba, que, a su juicio, supone "otro avance en la progresiva erradicación de los centros Semi-D localizados la mayoría en núcleos rurales y en los que se estudia Infantil, Primaria y 1º y 2º de ESO".

Así lo ha criticado Obrero, que junto a la coordinadora de Educación del PP cordobés, Luisa María Arcas, han participado en la comisión de Educación de los populares de Córdoba. Según la información a la que ha tenido acceso el PP, desde la Delegación de Educación de Córdoba "se está avisando a través de llamadas telefónicas a directores y miembros de la comunidad educativa de algunos centros educativos Semi-D, de que la intención del gobierno de la Junta para el próximo curso escolar es la de eliminar los cursos de 1º y 2º de la ESO en estos centros, para obligar a los alumnos a matricularse en un instituto de algún pueblo cercano que decida y adscriba la Delegación Provincial".

Esto, a juicio de Obrero, es "un ejemplo de la política de recortes encubiertos y de falta de compromiso de la Junta con la Educación", y supone "un agravio más y un motivo de desequilibrio territorial en las zonas rurales de Córdoba, que ya han visto cómo cada año se vienen unificando aulas en distintos educativos, ahorrándose docentes e incluso cerrando colegios en algunas ocasiones, como ocurrió con el Colegio Huertas Bajas de Cabra, o el Colegio Las Pinedas en La Carlota", como asegura Obrero.

Además, esto "obedece" a la política educativa que desde hace varios años lleva a cabo la Consejería de Educación de "ir eliminando de forma progresiva" los colegios Semi-D en las zonas rurales, como ya ocurrió en la provincia de Málaga, en Cádiz, y ahora se pretende hacer en Córdoba, "con la oposición total de los padres, alumnos y profesores de estos centros, ya que la medida supone desplazamientos y trastornos a las familias, además del despido de profesores y docentes, así como el cierre definitivo de centros educativos".

En la provincia de Córdoba existen 34 centros educativos Semi-D, ocho de ellos en la capital y el resto en 23 municipios. Para Obrero, "un gobierno responsable debe asegurarse de que no existan desigualdades territoriales en el acceso a la educación de los alumnos", y por lo tanto "dejar a todos estos núcleos rurales sin centros educativos con nivel de secundaria es una marginación para las familias".

Desde el PP se va a enviar una carta a la delegada de Educación en Córdoba, Manuela Gómez, instándole a que explique públicamente la intención de la Junta con esta decisión, así como todos los centros educativos a los que va a afectar y las posibilidades de los padres de hacer alegaciones al respecto.

"Este es el método de actuación de la Junta, de forma tapada, sin dar publicidad de este tipo de decisiones temiendo la respuesta de los padres, de la comunidad educativa y de la sociedad en general, y sin permitir que se realicen alegaciones u objeciones al respecto", mantiene Obrero.

"la asfixia económica"

La vicesecretaria del PP de Córdoba ha lamentado que "la realidad que viven los centros educativos en Córdoba sea de asfixia económica y de falta de previsión y falta de organización por la pésima gestión que desarrolla la Delegación de Educación de la Junta en la provincia", a lo que añade que "si alguien está empeñado en decir que el gobierno de PSOE e IU de la Junta apuesta por la educación, lo hace con la única intención de querer tapar la realidad de los recortes y los impagos que la Consejería mantiene con toda la comunidad educativa cordobesa".

La parlamentaria popular ha recordado que el gobierno de la Junta ha recortado un 9,3 por ciento el presupuesto para Educación en 2013, con bajadas "muy considerables" de los principales programas educativos como en la Educación Secundaria Obligatoria y en la Formación Profesional del 10,7%, o lo que supone un recorte de 281 millones de euros en estos niveles educativos, o el Programa de Servicio de Apoyo a las Familias, que baja un 16%, y donde se incluyen el aula matinal, el comedor escolar, las actividades extraescolares, el programa de gratuidad de los libros de texto, la Beca 6000, o la Beca Segunda Oportunidad. "Sin duda es una clara muestra del castigo de la Junta a las familias cordobesas", dice Obrero.

Nueve millones a la concertada

Por su parte, la coordinadora de Educación del PP de Córdoba, Luisa María Arcas, ha criticado una vez más la situación de deuda e impagos de la Junta de Andalucía hacia las escuelas infantiles y la educación concertada en Córdoba.

A su juicio, la Junta está llevando a una situación "límite" a las escuelas infantiles, que sufren impagos desde el mes de agosto, y que están viendo como tienen que despedir a empleados y algunos incluso se plantea el cierre. "Esto es un ataque frontal a la familias cordobesas, y echar por tierra el Plan de Apoyo a las Familias de la Junta del que tanto han hecho gala durante estos años", dice Arcas.

Así mismo, la responsable popular ha mostrado su apoyo a los colectivos de educación concertada que han criticado la deuda que la Junta mantiene con ellos que alcanza ya los nueve millones de euros. "El gobierno andaluz, ya no solo asfixia y ahoga la educación temprana no obligatoria, sino que está llevando al exterminio a la educación reglada que aglutina a más de 30.000 alumnos cordobeses y más de 2.000 docentes", como advierte la popular.