La mayoría de los 21 jueces y 10 fiscales que desempeñan su labor en la Audiencia Provincial y en los juzgados de Cáceres se han manifestado este viernes a las puertas del Palacio de Justicia para manifestar su "preocupación" por la situación de la justicia y porque las medidas que pretende adoptar el Gobierno "perjudicarán" el desempeño de su labor.

Esta concentración, a la que también han asistido algunos abogados, es una de las "medidas de presión" que la Junta General de Jueces de Cáceres ha adoptado por unanimidad en la reunión celebrada hace unos días ante el "malestar" provocado en este colectivo, que reclama una justicia "eficaz".

Así, el magistrado Mariano Mecerreyes Jiménez, portavoz de la Junta de Jueces de Cáceres, ha explicado a los medios que el colectivo defiende "una justicia como servicio público" y "no como privilegio de un gremio" y es por eso por lo que están en contra de la Ley de Tasas ya que, a su juicio, "hacer más difícil el acceso a la justicia no hace que sea más ágil, sino lo contrario".

"La ley de tasas a quien más beneficia no es al Estado, sino a los jueces, porque nos quitaría trabajo. Pero no queremos trabajar menos sino hacer nuestro trabajo con eficacia y sirviendo al pueblo, que es a lo que nos debemos", subraya el magistrado.

Mecerreyes ha asegurado además que "la que se avecina es todavía peor" porque se pretende disminuir el número de jueces que hay en España, "que es similar al de Turquía o Estonia", apunta, ya que "se van a suprimir de un plumazo los jueces interinos".

"Eso es como si en un equipo de fútbol se pusieran de baja a la vez tres jugadores y el portero tuviera que jugar también de delantero. ¿Iría ese equipo mejor o peor?", se pregunta el portavoz de la Junta de Jueces de Cáceres haciendo alusión a un símil deportivo para comparar la situación del colectivo.

"Extremadura sabe bien lo que es una justicia eficaz porque gracias a la justicia va a cobrar 240 millones de euros", ha manifestado el magistrado en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) por la que los bancos tendrán que pagar a la comunidad autónoma 240 millones de euros.

En sus reivindicaciones, lo jueces y fiscales también han pedido al PP y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que "cumpla su promesa electoral" porque "España no quiere un gobierno del Poder Judicial politizado y el PP se comprometió a que ese gobierno se hiciera como dice la Constitución". "No cómo dicen los jueces, sino cómo dice la Constitución", reitera.

No descartan la huelga

Ante este panorama el portavoz ha señalado que "no se descarta ir a la huelga", que podría convocarse a mediados de diciembre, pero aclara que eso sería "el último y peor remedio, porque pagaría el pato el inocente".

"No es propoio de jueces (ir a la huelga), pero si nadie atiende nuestras peticiones, ése es el remedio al que tendremos que recurrir, en contra de nuestra voluntad y defendiendo siempre los intereses de los ciudadanos, como cuando los jueces salieron a la palestra diciendo que la Oficina Judicial era un mal invento", reitera Mecerreyes que añade que esa decisión la tomará una comisión que aglutina a "todas" las asociaciones de jueces y fiscales.

Cabe recordar que, entre otros asuntos, los jueces reclaman la retirada del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), porque consideran que "perjudica la calidad de la justicia" y "no encuentra justificación en la situación de crisis económica".

Piden potenciar la estructura y competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal , así como autonomía presupuestaria de los dos órganos, además de la regulación de un Estatuto Judicial y Fiscal "acorde con la especialidad de la función que desempeñen los jueces como poder del Estado y los fiscales".

Finalmente entre sus reivindicaciones se encuentra también aumentar la plantilla de jueces y fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea para lo que piden la convocatoria anual de oposiciones con un mínimo de 250 plazas.