Afirma que la empresa instrumental de la Consejería de Cultura (Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales) en 2004 concedió a dedo el uso de los pastos del yacimiento arqueológico cordobés, cuando debería haberse hecho por concurso. Debía hacerse pública porque se trata de un uso privativo de un bien público. Es más, la Cámara de Cuentas dice que lo hizo la citada empresa cuando no tenía «competencia alguna» sobre la gestión del yacimiento arqueológico. Y añade que no hay constancia de que se le comunicara al titular del bien, la Dirección General de Patrimonio de la Junta. Cultura lo reconoce, pero asegura que sólo duró cinco meses y que pagó un total de 3.000 euros directamente desde la Consejería.El informe de la Cámara de Cuentas tuvo su respuesta con la comparecencia en el Parlamento andaluz de la consejera de Cultura, Rosa Torres, y varias dimisiones de la empresa pública.