El fiscal ha rebajado en sus conclusiones definitivas de 26 años y cinco meses a cinco años y ocho meses de prisión las penas para los seis acusados del caso Palomares, en el que falleció un matrimonio tras derrumbarse un muro colindante a un solar en obras en la citada calle de la capital cordobesa en febrero de 2007.

En la sesión del juicio celebrada este jueves, el fiscal ha concluido que los acusados, concretamente el jefe de obra, A.G.C., se enfrente a cuatro años de prisión y seis años de inhabilitación especial para empleo o profesión relacionada con la construcción.

Mientras, para el representante de la empresa promotora, D.E.G.; el contratista principal, J.C.M.; el arquitecto que redactó el proyecto, J.E.B.P., y el arquitecto técnico encargado del Estudio de Seguridad y Salud, J.L.A.P., solicita una pena de cinco meses de prisión para cada uno de ellos.

Y para el maquinista, J.D.S., pide una multa de 900 euros por la supuesta comisión de dos faltas de lesiones cometidas por imprudencia leve con resultado de muerte y otras dos faltas cometidas por imprudencia leve con resultado de lesiones, consideraciones que ha añadido en sus conclusiones definitivas.

Según el Ministerio Público, los hechos son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los trabajadores por infracción de normas de seguridad en el trabajo; dos delitos de homicidio cometidos por imprudencia grave; dos delitos de lesiones por imprudencia, y un delito de daños por imprudencia grave.

En la sesión de este jueves también han declarado los forenses y psicólogas, mientras que los peritos han manifestado que coinciden en que la causa del derrumbamiento del muro colindante a las obras que se ejecutaban en el solar de la calle Palomares y que acabó con la vida del matrimonio, fue la zanja excavada, que contaba con medidas superiores a las recogidas en el libro de órdenes.

En este sentido, apuntan a que "la causa del colapso está en la apertura de la zanja colindante de doce metros, por tres metros de profundidad y seis de ancho", algo que califican como "una barbaridad". Además, uno de los peritos ha manifestado que "se incumplieron órdenes del arquitecto superior sobre el libro de órdenes y en lugar de hacer 'bataches' de máximo de cuatro metros se hizo una zanja de doce".

Los hechos

Mientras, el fiscal eleva a definitiva sus conclusiones en las que recoge que el día 26 de diciembre de 2006, el representante de la empresa promotora y el contratista principal firmaron el contrato para la construcción de un edificio de diez viviendas, once plazas de garaje y ocho trasteros en un solar de la calle Palomares.

La promotora contaba con licencia de obra nueva concedida por el Ayuntamiento de Córdoba y un proyecto redactado por el arquitecto J.E.B.P., quien asumía también la dirección de la obra. Mientras, al promotor le correspondía la designación de un coordinador de seguridad al concurrir en la ejecución de la obra más de una empresa, obligación que, según el fiscal, no cumplió.

Por otro lado, el Estudio de Seguridad y Salud elaborado el 18 de enero de 2006 por el arquitecto técnico y también acusado, J.L.A.P., a instancia de la promotora, no se ajustaba a la legalidad, pues supuestamente su memoria descriptiva "no indicaba con claridad todos los riesgos laborales que podían ser evitados y no incluía el pliego de condiciones particulares en cuanto a normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas, así como las prescripciones técnicas sobre las características y utilización de todos los equipos y medios materiales existentes en la obra".

Así, en el mes de enero de 2007, dieron comienzo las obras con la fase de cimentación, sin que por parte de la empresa promotora se efectuase a la Autoridad Laboral el preceptivo aviso previo de realización de obra. Por otro lado, no existía el preceptivo plan de seguridad, que correspondía elaborar a la empresa contratista, lo que trajo como consecuencia la inexistencia de libro de incidencias. Asimismo, la empresa contratista no comunicó a la autoridad laboral la apertura de centro de trabajo. El Ministerio Público considera que estas supuestas irregularidades eran conocidas por el arquitecto, quien "no puso impedimento a la continuación de las obras".

Por parte de la empresa contratista, como encargado de obra, actuaba A.G.C., quien, por delegación de la empresa, contaba con plenas facultades para impartir órdenes e instrucciones en materia de seguridad. Sin embargo, una persona que ejercía de capataz mantenía diferencias con él sobre el modo en que se estaba realizando la cimentación.

Mientras tanto, el representante de la constructora supuestamente se desentendió de la ejecución de la obra; al tiempo que algunos vecinos manifestaban su temor a que "pudiera producirse un hecho desgraciado" a la vista del desarrollo de los trabajos. Al respecto, el arquitecto técnico visitaba "alguna vez" la obra para comprobar su estado.

EXCAVACIONES

Para realizar los trabajos de excavación se subcontrató a otra empresa. Así, en la tarde del día 20 de febrero de 2007, la máquina retroexcavadora llegó a la obra conducida por el maquinista y acusado J.D.S. con el propósito de realizar las tareas que le fuesen indicadas. Había que proceder a la excavación mediante 'bataches', tal y como se había hecho en otros puntos del muro.

No obstante, el modo en que se acometió esta labor hizo que el capataz mostrase reiteradamente su disconformidad hasta que llegó un momento que mandó parar la máquina debido a la peligrosidad que entrañaba la profundidad —tres metros— y extensión de la zanja —12 metros—, unido al estado en el que se encontraba el muro. Ello provocó que acudiese el encargado de la obra, dando lugar a "una tensa discusión", presenciada por la arqueóloga y en la que el capataz "insistía en parar" y el encargado, "en continuar". Finalmente, continuaron las labores y el maquinista, "conocedor del riesgo que conllevaba la excavación, en vez de negarse a realizarla decidió atender las indicaciones del encargado", tal y como sostiene el Ministerio Público.

Sobre las 18,00 horas, al terminar la jornada laboral, se detuvieron las labores, se recogieron las herramientas y, colindante al muro correspondiente a la parte posterior de la vivienda afectada supuestamente se dejó la zanja abierta "sin ningún tipo de afianzamiento u otra medida de seguridad".

Tras una noche muy lluviosa, la labor se reanudó sobre las 8,00 horas del día 21 de febrero, momento en el que el maquinista puso en marcha la máquina retroexcavadora y dos trabajadores debían introducirse en la zanja, pero no llegaron a hacerlo porque "de improviso se derrumbó la parte posterior del inmueble" correspondiente al número 4 de la calle Palomares, al ceder el terreno donde apoyaba el muro, arrastrando en su caída a enseres y moradores.

FALLECIDOS

El accidente sepultó a un matrimonio y a su hijo menor de edad, que pudo ser rescatado con vida, no así sus padres que fallecieron a pesar de los esforzados intentos de los bomberos y fuerzas de seguridad que acudieron al lugar. Además, la hija de los fallecidos resultó ilesa, si bien tuvo que ser atendida psicológicamente durante 180 días.