Los peritos que han declarado este miércoles en el juicio del caso Palomares, de Córdoba capital, coinciden en que la causa del derrumbamiento del muro colindante a las obras que se ejecutaban en un solar de la citada calle y que acabó con la vida de un matrimonio, fue la zanja excavada, que contaba con medidas superiores a las recogidas en el libro de órdenes.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que detallan que los peritos coinciden en las conclusiones del perito judicial, de manera que "la causa del colapso está en la apertura de la zanja colindante de doce metros, por tres metros de profundidad y seis de ancho", algo que califican como "una barbaridad".

Además, las fuentes indican que uno de los peritos ha manifestado que "se incumplieron órdenes del arquitecto superior sobre el libro de órdenes y en lugar de hacer 'bataches' de máximo de cuatro metros se hizo una zanja de doce".

Está previsto que el juicio continúe este jueves con las declaraciones de más peritos, en este caso los psicólogos que serán interrogados sobre las secuelas del suceso ocurrido en febrero de 2007.

Cabe destacar que el promotor, el contratista y el jefe de las obras en el solar de la citada calle cordobesa, todos ellos acusados, han declarado ante la juez que desconocían que el muro estuviera en mal estado. Algo de lo que, según ellos, no se les advirtió, a pesar de los informes de los técnicos municipales sobre el riesgo para los inquilinos.

Mientras, el arquitecto técnico que elaboró el estudio de seguridad en las obras del solar ha manifestado que la construcción comenzó sin estar aprobado el plan de seguridad y en el estudio, según su testimonio, se advertía que se tuviera cuidado con las medianerías.

Y el maquinista y también acusado, J.D.S., para el que el fiscal pide dos años y seis meses de prisión, ha declarado que lo que hacía en sus labores al excavar la zanja no le entrañaba que tuviera riesgo, sino que era "una labor normal" y que ha hecho "en muchos sitios", y asegura que si hubiera visto algo atípico se hubiera negado a continuar con la excavación del terreno. Al respecto, destaca que "nunca" le pusieron pegas por su trabajo.

Más de 26

Años de prisión

La Fiscalía pide más de 26 años de cárcel y 33.000 euros par los seis acusados, concretamente una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 6.750 euros para el promotor, D.E.G.; una pena de siete años y seis meses de cárcel y multa de 9.000 euros para el jefe de la obra, A.G.C., quien ha reconocido que la zanja que se excavó en el solar contaba con más metros de los autorizados.

Asimismo, el Ministerio Público solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión y multa de 6.750 euros para el arquitecto que redactó el proyecto, J.E.B.P.; una pena de dos años y once meses de prisión y multa de 3.750 euros para el contratista principal, J.C.M., y cuatro años y seis meses de cárcel y multa de 6.750 euros para el arquitecto encargado del Estudio de Seguridad y Salud, J.L.A.P., además del maquinista. Igualmente, cifra en 178.249 euros la valoración de los daños materiales ocasionados por el derrumbamiento.

Según el fiscal, los hechos son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los trabajadores por infracción de normas de seguridad; dos delitos de homicidio cometidos por imprudencia grave; dos delitos de lesiones por imprudencia, y un delito de daños por imprudencia grave.

Los hechos

La calificación fiscal indica que el día 26 de diciembre de 2006, el promotor y el contratista principal firmaron el contrato para la construcción del edificio de diez viviendas, once plazas de garaje y ocho trasteros en un solar de la calle Palomares.

La promotora contaba con licencia de obra nueva concedida por el Ayuntamiento y un proyecto redactado por el arquitecto J.E.B.P., quien asumía también la dirección de la obra. Mientras, al promotor le correspondía la designación de un coordinador de seguridad al concurrir en la ejecución de la obra más de una empresa, obligación que, según el fiscal, no cumplió.

Por otro lado, el Estudio de Seguridad y Salud elaborado en enero de 2006 por el arquitecto técnico J.L.A.P., a instancia de la promotora, no se ajustaba a la legalidad, pues supuestamente su memoria descriptiva "no indicaba con claridad todos los riesgos laborales que podían ser evitados y no incluía el pliego de condiciones particulares en cuanto a normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas, así como las prescripciones técnicas sobre las características y utilización de todos los equipos y medios materiales existentes en la obra". Debido a estas deficiencias dicho estudio fue devuelto al objeto de salvar las referidas omisiones.

No obstante y "sin esperar a la aprobación", en enero de 2007 comenzaron las obras con la fase de cimentación "sin que por parte de la empresa promotora se efectuase a la autoridad laboral el preceptivo aviso previo de inicio de los trabajos, ni por la empresa contratista se comunicase la apertura de centro de trabajo a la aludida autoridad". El Ministerio Público considera que estas supuestas irregularidades eran conocidas por el arquitecto, quien "no puso impedimento a la continuación de las obras".

Por parte de la empresa contratista, como jefe de obra, actuaba el acusado A.G.C., quien, por delegación de la empresa, contaba con plenas facultades para impartir órdenes e instrucciones en materia de seguridad. Sin embargo, una persona que ejercía de capataz mantenía diferencias con él sobre el modo en que se estaba realizando la cimentación.

Mientras tanto, el representante de la constructora supuestamente se desentendió de la ejecución de la obra; al tiempo que algunos vecinos manifestaban su temor a que "pudiera producirse un hecho desgraciado" a la vista del desarrollo de los trabajos.

LOS 'BATACHES'

Para realizar los trabajos de excavación se subcontrató a otra empresa. Así, en la tarde del 20 de febrero de 2007, la máquina retroexcavadora llegó a la obra conducida por el maquinista y acusado J.D.S., con el propósito de realizar las tareas que le fuesen indicadas. Había que proceder a la excavación mediante 'bataches', tal y como se había hecho en otros puntos del muro.

El modo en que se acometió esta labor hizo que el capataz mostrase reiteradamente su disconformidad hasta que llegó un momento que mandó parar la máquina debido a la peligrosidad que entrañaba la profundidad —tres metros— y extensión de la zanja —doce metros—, unido al estado en el que se encontraba el muro. Ello provocó que acudiese el encargado de la obra, dando lugar a "una tensa discusión", presenciada por la arqueóloga y en la que el capataz "insistía en parar" y el encargado, "en continuar". Finalmente, continuaron las labores y el maquinista, "conocedor del riesgo que conllevaba la excavación, en vez de negarse a realizarla decidió atender las indicaciones del encargado", según el fiscal.

"sin ningún tipo de afianzamiento"

Sobre las 18,00 horas, al terminar la jornada laboral, se detuvieron las labores, se recogieron las herramientas y, colindante al muro correspondiente a la parte posterior de la vivienda afectada se dejó la zanja abierta "sin ningún tipo de afianzamiento u otra medida de seguridad".

Tras una noche muy lluviosa, la labor se reanudó sobre las 8,00 horas del día 21 de febrero, momento en el que el maquinista puso en marcha la máquina retroexcavadora y dos trabajadores debían introducirse en la zanja, pero no llegaron a hacerlo porque "de improviso se derrumbó la parte posterior del inmueble".

El accidente sepultó a un matrimonio y a su hijo menor de edad, que pudo ser rescatado con vida, no así sus padres que fallecieron a pesar de los esforzados intentos de los bomberos y fuerzas de seguridad que acudieron al lugar.