La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, ha pedido a los grupos parlamentarios del PP, PRC y PSOE su apoyo para que se proteja a los compradores de vivienda "de buena fe" ante las administraciones públicas, mediante la modificación de leyes estatales como la Ley Hipotecaria, la Ley del Suelo o la Ley de Enjuiciamiento Civil, o incluso el propio código civil.

Y es que, como señala AMA, muchas de estas normas son "del siglo XIX" y tienen "aplicación directa" en el siglo XXI, con una realidad social "totalmente diferente", por lo que su falta de adecuación ha producido "graves daños sociales".

Así lo ha indicado esta agrupación en un comunicado en el que informa de la reunión que ha mantenido este martes con portavoces de los tres grupos del Parlamento, y a la que por parte de AMA han acudido su portavoz, Ciriaco García, el secretario, Juan Luis Urrutia, y el presidente, Antonio Vilela.

AMA también ha pedido a 'populares', regionalistas y socialistas que apoyen un iniciativa que inste al Congreso de los Diputados a legislar para acabar con la "incertidumbre de competencias", como está ocurriendo con la reforma de la ley del Suelo aprobada en abril de 2011, que permite a los afectados percibir el valor de su vivienda antes del derribo y que está recurrida ante el Tribunal Constitucional, más por un tema "de formas" que de "fondo" en su ámbito de competencias.

Según ha trasladado AMA, tanto el PRC como el PSOE se ha comprometido, a través de sus portavoces, Rafael de la Sierra y Miguel Ángel Palacio, respectivamente, a impulsar estas iniciativas desde sus respectivos grupos, mientras que el portavoz del PP, Iñigo Fernández, ha manifestado su acuerdo con las citadas medidas, pero ha abogado por estudiarlas dentro de un ámbito que tenga la mayor efectividad posible, según la asociación.

En otro orden de cosas, este colectivo ha anunciado que el próximo lunes, 26 de noviembre a las 12.30 horas, se reunirá con el Gobierno regional, para pedir apoyo a sus iniciativas.

Además, el miércoles 28 de noviembre una comisión de AMA mantendrá sendas reuniones con representantes del Ministerio de Fomento y de los diferentes Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

PP

Por su parte, el PP ha indicado, también a través de un comunicado que este partido, "en el marco de las actuaciones que se están poniendo en marcha desde el Gobierno de Cantabria para solucionar el problema de los afectados por sentencias de derribo en la región", estudiará "la conveniencia y la oportunidad de plantear en Madrid la indemnización a los afectados antes de demoler las viviendas", tal y como se establece en la normativa cántabra.

En el transcurso de este encuentro, Fernández ha expresado, en nombre del grupo parlamentario Popular, su compromiso con los afectados por la ejecución de sentencias de derribo "como siempre ha hecho el PP, primero desde la oposición y ahora desde el Gobierno" y, en este sentido, ha recordado que la normativa sobre indemnizaciones se aprobó por parte del Gobierno regional con el apoyo de los tres grupos del Parlamento de Cantabria.

PRC

Por su parte, De la Sierra ha trasladado el apoyo del PRC a AMA en su reivindicación de un cambio en la legislación nacional que evite la ejecución de sentencias de derribo sin el pago previo a los propietarios de las indemnizaciones a las que tengan derecho.

Para el portavoz regionalista, esa modificación, acorde a la realizada en la Ley del Suelo de Cantabria, puede resultar "muy conveniente" a la hora de resolver las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas frente a la norma cántabra, ya que están motivadas por "razones eminentemente jurídicas" y la mayoría de los jueces "valora positivamente los motivos de la reforma realizada".

De la Sierra también se ha mostrado de acuerdo, a través de un comunicado, con la idea de AMA de promover en el Parlamento cántabro una proposición no de ley de apoyo.

Además y en la línea avanzada por el Gobierno, ambas partes han confiado en que la modificación de la Ley del Suelo vaya más allá de garantizar las indemnizaciones previas a los derribos e incluya mecanismos que permitan legalizar la mayor parte de las viviendas sobre las que en este momento pesa sentencia de derribo en Cantabria