La Audiencia Provincial de Huelva, cuyos magistrados se reunieron el pasado lunes para unificar criterios de cara al futuro de los casos de bebés robados nada más nacer entre las décadas 50 y 90 denunciados en los últimos años en la provincia onubense, ha considerado prescrito uno de los casos apelados en el que señala que las acciones penales que se podría hacer uso están completamente prescritas al descartar que exista detención ilegal en los supuestos de sospechas de entrega de un niño nacido a terceros para alterar la filiación.

Según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, dado "el larguísimo tiempo transcurrido desde ese momento, la falta de indicios es lógica, y más aún de tal hecho, esa detención ilegal que ni siquiera se dice que haya existido".

La desestimación cuenta con la peculiaridad que ha sido alcanzada en una reunión de los nueve magistrados de la Audiencia, después de que la asociación SOS Bebés Robados, que aglutina a las familias afectadas, pidiera esta reunión para que se unificara un criterio respecto a los casos, después a su vez de que la Sección Segunda dictara un auto sobre este caso apelado y considerara los hechos prescritos al descartar la detención ilegal entre los posibles delitos.

Así, con ello, los magistrados han pretendido dos objetivos, por un lado dar una respuesta uniforme a los diferentes recursos en trámite y a los que pudieran generarse, evitando la disparidad de criterios entre las secciones del Tribunal, y ofrecer a los juzgados un parámetro interpretativo al que acogerse.

Del mismo modo, pretenden dar una respuesta que respaldan y asumen los nueve magistrados "profusamente motivada y rigurosa en lo jurídico, fruto de la reflexión y debate plural y que cumpla todos los requisitos de tutela judicial efectiva".

Estas conclusiones pretenden servir de base al análisis global del problema y poner en perspectiva hacia dónde caminarían estos expedientes judiciales, a diferencia de aquellas resoluciones que en casos concretos y contestando a algún aspecto parcial resolvían que debían continuarse la instrucción con la práctica de determinadas diligencias.

El problema, esencialmente, es de prescripción de todos los posibles delitos por el tiempo transcurrido y por las dificultades técnicamente insalvables, según el parecer del Tribunal, para entender que alguno de esos delitos se ha venido manteniendo en el tiempo.

Respecto a este auto en concreto, la sala considera que los hechos serían constituidos de un delito contra el estado civil, favorecido por otros de falsedad documental, todo lo más, y la acción penal habría prescrito hace décadas, sin que se vean visos de ninguna otra infracción, razón por la cual la instrucción ni tan siquiera debió iniciarse.

"al niño no se le encierra"

En este sentido, descarta el delito de detención ilegal porque "al niño no se le encierra ni se le priva de movimientos ni es esa la intención o dolo del autor, sino que le cambia de madre a diferencia de casos de padres que han tenido materialmente encerrados a algún hijo durante años". Del mismo modo, remarca que "no cabe presumir ni sospechar siquiera que el menor presuntamente sustraído hubiera estado encerrado, antes bien, esa persona llevaría a cabo una vida de libertad y ahora tendría más de 40 años de edad".

En cuanto a los delitos que se podrían haber cometido en la causa y que los magistrados consideran prescritos se encuentran la suposición de parto; entregar a terceros un hijo para alterar la filiación; la sustitución de un niño por otro o de falsedad documental.

Pero insiste en que "hay una clara ausencia de todo indicio de una privación de libertad deambulatoria prolongada durante años, y falta equivalencia entre ese hecho y la pérdida de la relación paterno filial".

Respuesta "insatisfactoria"

Finalmente, añaden que son "conscientes" de que la prescripción resulta ser "una insatisfactoria respuesta ante un determinado conflicto, que prácticamente a nadie complace, toda vez que es más bien una falta de respuesta, pues no se valora el fondo del debate ni se da solución en un sentido o en otro".

Los magistrados que componen la Audiencia, conscientes de la trascendencia social que supone la problemática relacionada con los casos de bebés robados, decidieron por unanimidad estudiar este tema en pleno y dictar un auto, el presente, de forma conjunta.