La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Mallorca calcula que "a final de año habrá 4.000 personas desahuciadas" en la Isla, razón por la cual unos 40 afectados han presentado este lunes un escrito de suspensión de los procesos de ejecución hipotecaria, subasta y lanzamiento en los juzgados civiles de Sa Gerreria en una acción conjunta que se ha desarrollado en todo el país.

En declaraciones a Europa Press, Angela Pons, miembro de la PAH Mallorca, ha lamentado que "de las aproximadamente 40 personas" que se han presentado hoy, "sólo dos" entran dentro de los baremos del decreto ley de medidas urgentes para paliar los desahucios, normativa que ha tachado de "insuficiente y restrictiva".

Pons ha incidido en que con esta nueva ley "el gran ganador es la banca porque no se habla de dación en pago, o de qué pasará con la deuda después de la moratoria". Respecto a los defectos de la misma, ha recordado que "no están incluidas las personas que tienen aval, las familias con hijos mayores de tres años, los solteros o las parejas sin hijos".

Por su parte, Cynthia Gómez, hija de una afectada, ha explicado que tras el divorcio, "el marido de mi madre" "desapareció y se marchó a un paraíso fiscal y nunca llegó a pagar la pensión". En este sentido, ha reprochado que la mujer "no recibe ninguna ayuda porque en la sentencia de divorcio sí que queda recogida una pensión" que nunca se llegó a hacer efectiva.

Gómez ha afirmado que "sin tener ningún tipo de ingreso más que la ayuda de Banco de Alimentos y de Cáritas" su madre se enfrenta a una "ejecución hipotecaria". "No es la única persona que está pasando una situación muy complicada, y se encuentra fuera de los parámetros" que establece la normativa, ha añadido.

El tjue examina el sistema de ejecución hipotecario español

El documento que se ha presentado incide en que, actualmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está examinando si el sistema de ejecución hipotecaria español respeta los parámetros mínimos que exige la normativa comunitaria de tutela de consumidores y usuarios, después de que el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona le plantease una cuestión prejudicial.

Esgrimiendo estas circunstancias, el documento solicita la suspensión inmediata el proceso, en virtud de la pendencia de la sentencia del TJUE, así como en virtud de la prejudicialidad civil, pues alega que el tribunal barcelonés todavía no ha resuelto y está decidiendo sobre una cuestión que constituye objeto del litigio que se plantea.

De manera subsidiaria, también solicita que, en caso de no apreciarse la suspensión por estos motivos, se plantee una cuestión prejudicial al TJUE.