La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han presentado en el Juzgado las pruebas del envenenamiento de dos quebrantahuesos en el Parque Natural de la Sierra de Castril (Granada).

Según ha informado la Consejería en un comunicado, los ejemplares habían sido reintroducidos por la Consejería en el marco del Programa Internacional de Reintroducción del Quebrantahuesos en Andalucía, que actualmente se encuentra en su tercera fase, y está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. La especie está catalogada como 'en peligro crítico de extinción' en España y en otros países de Europa como Austria, Italia, Suiza o Francia.

Los dos quebrantahuesos murieron envenenados el 5 de mayo de 2011 en el interior del Parque Natural de la Sierra de Castril (Granada). Ambos ejemplares habían ingerido cebos envenenados de carne ovina impregnados con un potente compuesto tóxico, Aldicarb, que entraña un alto riesgo no solo para la fauna silvestre y el ecosistema, sino también para la salud humana.

La colocación de cebos envenenados en el medio natural, es un delito tipificado en el Código Penal y en la normativa administrativa, con fuertes multas e incluso con penas de privación de libertad de hasta dos años. La Consejería ha destacado que la muerte de estos dos ejemplares supuso un freno al desarrollo del programa de reintroducción, no solo desde el punto de vista ecológico, sino también como motor de dinamización socioeconómico de estos espacios protegidos.

Este programa comenzó en 2006 con la suelta en el medio natural de individuos nacidos en cautividad procedentes, entre otros, del Centro de Cría en Cautividad de Guadalentín, en el vecino Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén). El quebrantahuesos se considera una especie indicadora de la salud de los ecosistemas y atrayente, cada día más, de una corriente de personas que buscan su observación, además contribuyen al desarrollo endógeno de las poblaciones locales al ser considerado como un recurso económico sostenible.

Tras ocho meses de investigación policial y forense, los resultados demostraron que los cebos envenenados procedían del ganado de una única explotación local muy concreta. Los métodos y operativos empleados suponen un importante avance en la lucha contra el uso ilegal del veneno y consolidan los programas de conservación y recuperación de especies amenazadas que la Consejería impulsa en el marco de la normativa vigente.