El Pleno del Parlamento andaluz acoge este viernes el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2013, que asciende a 30.706 millones. En esta ocasión, solo un grupo parlamentario, el PP-A, defenderá una enmienda a la totalidad.

El debate parlamentario se iniciará con la presentación del proyecto de Ley por parte de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, sin límite de tiempo. A continuación, intervendrán los grupos parlamentarios en orden de mayor a menor representatividad y, posteriormente, se debatirá la enmienda de totalidad presentada.

El PP-A, único grupo enmendante, dispondrá de un turno inicial de treinta minutos. La consejera de Hacienda podrá hacer uso de la palabra siempre que lo solicite, pero cuando lo haga se entenderá que contesta solo al grupo autor de la iniciativa en cuyo debate se produce la intervención.

La Presidencia podrá, en su caso, conceder un turno de réplica y otro de dúplica a los intervinientes, por tiempo no superior a diez minutos. Cuando la intervención de Martínez Aguayo se produzca en el turno de fijación de posiciones podrán replicar los grupos que hayan intervenido en dicho turno, cerrándose el debate, en su caso, con la dúplica de la consejera.

Finalizado el debate, se procederá a la votación de la enmienda a la totalidad con propuesta de devolución que se haya presentado, así como de las enmiendas a las secciones presupuestarias. Si el Pleno acordase la devolución del Proyecto de Ley, este quedará rechazado.

La aprobación de una enmienda que implique la impugnación completa de una sección presupuestaria dará por concluido el debate sobre el Proyecto, al entenderse que se ha acordado su devolución. En ambos casos, la Presidencia del Parlamento lo comunicará al Consejo de Gobierno.

Si el Pleno no acordara la devolución del Proyecto de Ley del Presupuesto, quedarán fijadas tanto la cifra global del mismo como la de cada una de sus secciones, cifras que no podrán ya ser alteradas sin acuerdo entre la Cámara y el Consejo de Gobierno, remitiéndose el Proyecto de Ley a la Comisión de Hacienda y Administración Pública para que prosiga su tramitación.