El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha querido dejar claro que el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la actividad de fomento del empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) del ejercicio 2009 no ha puesto de manifiesto ninguna "ilegalidad".

En la sesión de control al Ejecutivo del Pleno del Parlamento, Ávila ha manifestado que ese informe de fiscalización refleja "determinadas debilidades de control interno, algo que no supone ilegalidad alguna". Ha querido dejar claro que la Junta ha actuado y lo seguirá haciendo para corregir lo que sea necesario.

Ha criticado que el PP-A pretenda "deducir ilegalidades de esa informe y que no se cumple la ley". Ha indicado que la Ley de Hacienda es la normativa donde se recoge el procedimiento de concesión de subvenciones y contempla concurrencia competitiva y no competitiva. A su juicio, derivar una ilegalidad de que los programas de fomento del empleo hayan sido objeto de concurrencia no competitiva es una "pasada que no dice en ningún caso el informe de la Cámara de Cuentas".

Ha advertido al PP-A de que el buen nombre de Andalucía lo mancha quien, cuando peor está la situación en materia de empleo, baja un 57 por ciento las políticas activas de empleo, como ha hecho el Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013.

Por su parte, la diputada del PP-A Rosario Alarcón ha indicado que, sin duda, se ha conocido un "nuevo escándalo de corrupción al más puro estilo ERE" que afecta a las políticas de empleo de la Junta y que ha revelado la Cámara de Cuentas tras fiscalizar la actividad de fomento del empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) del ejercicio 2009.

Ha manifestado que los socialistas contribuyen "a manchar el buen nombre de Andalucía con escándalos tras escándalos, fraudes tras fraudes y engaños y tras engaños a los parados", a los que se venden unas políticas de empleo que luego no se aplican, ya que un montante muy importante de estos fondos "se pierden por el camino, se destinan a intermediarios y no se justifica su fin ni se cumple con la Ley de subvenciones".

Alarcón ha agregado que en el informe de la Cámara de Cuentas se pone de manifiesto que de 25.377 expedientes, solo se han tramitado el 7,46 por ciento, lo que indica que la política de fomento de empleo y fomento de subvenciones de la Junta está cimentada sobre la "mentira y el engaño perpetuo" y en la "opacidad y la falta de transparencia". A su juicio, esta política es la del "enchufismo, el abuso y el despotismo en la concesión de los fondos".