Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha mostrado su preocupación por la "inminente irrupción" de la Junta de Castilla y León en el caso de Caja Segovia, integrada en Bankia, tras conocerse su intención de proceder al cese del actual órgano de gobierno a través de una junta gestora.

El partido asegura que le cuesta entender la "premura" del Gobierno regional en intervenir para acelerar el proceso transformación en fundación cuando "los grandes frentes siguen ser solucionados y las responsabilidades sin ser depuradas". Ello prueba, a su juicio, "el desmesurado interés por parte del PP, con muchos de sus políticos directamente implicados, en pasar pagina y limpiar su turbia imagen".

A través de un comunicado recogido por Europa Press, asevera además que le cuesta entender la "pasividad" del actual Consejo de Administración de Caja Segovia, que según dice "se ha limitado a informar a la sociedad del oscuro origen de la hipoteca que se constituyó sobre varios inmuebles insignia de la ciudad para cubrir una operación inmobiliaria fallida en Asturias, que lastra la viabilidad y el futuro inmediato de la Fundación, y a informar sobre la posibilidad de pedir a los exdirigentes la devolución de las escandalosas indemnizaciones y prejubilaciones auto otorgadas".

"Creemos firmemente que el actual Consejo de Administración será tan responsable de los atropellos cometidos como el anterior si no consigue evitar de algún modo que la Junta imponga a sus comisarios políticos en formato de junta gestora para acabar de liquidar y finiquitar lo que queda de la Caja, eso sí, de modo limpio y quirúrgico y evitando al tiempo que se diriman las responsabilidades oportunas sobre los que en su día expoliaron y permitieron el expolio de la entidad", señalan fuentes de UPyD.

El partido de Rosa Díez ha pedido al actual presidente de Caja Segovia, Rafael Encinas, y sus consejeros que "dejen de lavarse las manos", pues considera que son responsables de "la nueva espiral que lleva directamente y una vez más a que se corra un tupido velo sobre el mayor escándalo económico que ha afectado a la provincia en su historia".

"Si el actual Consejo no toma ninguna medida ejecutiva es porque en cierta medida sigue siendo rehén de una situación propiciada por su pertenencia a la cúpula directiva de la Caja, donde los exdirectivos eran amigos e incluso familiares, y por la presión política a la que están sometidos por los partidos afectados, PP y PSOE, actualmente infiltrados en el órgano de gobierno", advierten.

UPyD cree que hay que hacer caso a la sociedad civil, "verdadera dueña de la Caja", que lo único que exige es "que se devuelva lo que se han llevado irresponsablemente e impunemente de la Caja", y que se deben tomar medidas ejecutivas así como acudir a los juzgados antes de que los plazos de prescripción "sigan corriendo a su favor".