La Plataforma Valenciana Sindical y de Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos rechazan las medidas de recortes "y contra los trabajadores". Por ello, UGT, CCOO, USAE, Intersindical Valenciana, STAJ-CV, CESM, USO, Gestma, S.Libre, Ucesha —integarntes de la plataforma— apoyan la huelga general convocada para el miércoles, 14 de noviembre.

La entidad, en un comunicado, ha lamentado que el Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, conllevó para los empleados públicos la supresión de la paga extraordinaria de diciembre, de tres de los seis días de libre disposición ordinarios y de los días adicionales de libre disposición y de vacaciones por antigüedad, así como una importante reducción de retribuciones durante la situación de incapacidad temporal.

Además, "con la nueva Ley de Tasas, se restringe y se entorpece el acceso a la Justicia de las empleadas y empleados públicos en defensa de sus derechos laborales", ha denunciado la plataforma, quien también ser ha referido a la congelación de la Oferta de Empleo Público, la amortización de vacantes y la reciente aprobación del reglamento que "regula y facilita los despidos colectivos" en el ámbito de las administraciones públicas.

"Dichas medidas, unidas a las que venimos padeciendo desde el año 2010, en el que se decidió una bajada de retribuciones y la congelaciones de los años 2011 y 2012, a la que ahora se suma la prevista en los PGE para 2013, suponen el hacer recaer de forma especial el peso de la crisis sobre las empleadas y empleados públicos, olvidando que otros han sido los responsables de la misma", ha criticado.

Medidas que, además, se han tomado enmarcadas en una campaña política de descrédito de la labor que realizamos en todos los ámbitos de la Administración, cuestionando nuestro rendimiento profesional y desacreditando, en definitiva, los servicios públicos esenciales para la sociedad, como los que se realizan en la educación, la sanidad, la seguridad, la atención social y la justicia, entre otros, como paso previo, en muchos casos, para la privatización de los mismos.

Las organizaciones sindicales que secundarán la huelga general han querido dejar claro que su apoyo "no tiene ningún condicionamiento partidista, ni persigue otra cosa que no sea hacer ver a nuestros gobernantes, sean del signo que sean, el rechazo de toda la sociedad a unas políticas agresivas que atacan gravemente a los servicios públicos y a quienes trabajamos a su servicio".