El ministro de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Miguel Arias Cañete, se ha comprometido a defender ante las instituciones europeas la demanda de Baleares de un régimen específico como el que disponen otros territorios insulares de la Unión Europea a la hora de que al archipiélago se le reconozcan compensaciones en la nueva Política Agraria Común (PAC) 2014-2020 por las desventajas que la insularidad implica para el sector agrario.

Así se lo ha transmitido Arias Cañete al conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, durante la reunión que ambos han mantenido esta mañana en Madrid en la que el ministro se ha comprometido a pedir que Baleares sea tratada como las Azores y Madeira, las islas del Egeo, las Islas Canarias o los territorios insulares franceses de Ultramar.

Así, Company ha manifestado que otros territorios insulares de la Unión Europea, como Chipre, también han incluido en la negociación de la futura PAC la necesidad de que se compense la insularidad.

En esta línea, ha recordado que Baleares es la Comunidad Autónoma que menos ayudas anuales recibe en pagos directos de la PAC y, como ejemplo de ello, ha citado que "mientras que en el 2011 las Islas Baleares recibieron 26 millones de euros en ayudas, las Islas Canarias percibieron 263 millones.

Durante el encuentro, Cañete y Company también han analizado la evolución del compromiso adquirido por el ministro ante el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y el conseller el pasado 16 de mayo, de ejecutar determinados proyectos de infraestructuras hídricas en las islas.

En concreto, el Gobierno central aceptó asumir el coste del proyecto de conexión de la desaladora de Santa Eulària des Riu con el anillo de distribución de agua potable de Eivissa.

Pese a los ajustes presupuestarios del Ministerio para el ejercicio 2013, Company ha confirmado que las obras se licitarán el próximo año con la financiación del Gobierno central, que, según ha indicado, también se hará cargo de 6 de los 19 millones de euros de sobrecoste entre el presupuesto inicial y el coste real de ejecución de la desaladora.

Por otra parte, el Ministerio mantiene el resto de sus compromisos, como asumir parte del sobrecoste de la construcción de la desaladora de Menorca y de las obras para conectar la planta con las redes de suministro de toda la isla o la ejecución de otras depuradoras, en Can Picafort, Eivissa, Santa Eulària des Riu y Addaia (Menorca), dentro el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015.

No obstante, Company ha reconocido que algunas de estas actuaciones "sufrirán algún retraso por los ajustes sufridos por el Ministerio", de modo que, según ha anunciado, se podrían empezar a ejecutar en el 2014.

Discrepancias entre el govern y el ejecutivo central

Otro de los asuntos que se han tratado en la reunión ha sido las discrepancias surgidas entre el Gobierno autonómico y el Ejecutivo central en aspectos medioambientales que regula la Ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible aprobada por el Parlament.

En concreto, las diferencias surgen por el contenido de la disposición adicional tercera de esta Ley, que establece la figura del silencio positivo si en el plazo indicado en la Ley no se ha remitido el proyecto al órgano ambiental competente para que lo evalúe.

Así, Company ha reconocido que hay "problemas jurídicos que se deben analizar, aunque estemos de acuerdo en los principios de la disposición".

Asimismo, el conseller ha añadido que el Govern está dispuesto a discrepar porque "no puede se que el administrado se vea perjudicado por la lentitud de la Administración y continúe habiendo proyectos paralizados desde hace años pendientes de un informe de impacto ambiental".