Los decanos de los Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón, Enrique Valdés Joglar y Sergio Herrero Álvarez, han hecho público este miércoles un comunicado en el que muestran su "rechazo frontal" al proyecto de ley por el que se pretende regular determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.

Los abogados dicen que la propuesta contempla la creación de nuevas tasas y el incremento de las existentes, lo que supone una "grave alteración" del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva. Por eso creen que la propuesta del Gobierno es una "vuelta atrás", al "obstaculizar" o incluso "hacer inviable" que parte de la sociedad pueda defender sus intereses ante los tribunales de justicia.

Así, los decanos han indysfo a los poderes políticos a la adopción de otras medidas o medios "más eficaces y justos" para garantizar la financiación del sistema de justicia y les han pedido que rechacen la reforma propuesta.

Consideran que las tasas que pretenden ser aplicadas son un "encarecimiento injustificado" de un servicio público de primera necesidad, como es el de la obtención e justicia, trasladando a la ciudadanía gran parte de la carga económica que corresponde al propio Estado.

En el comunicado señalan que las nuevas tasas se oponen al principio de capacidad económica y se alejan de los criterios de distribución equitativa y disponibilidad económica, afectando de manera especial a las familias con recursos medios o limitados.

"El acceso a los tribunales de justicia se verá condicionado en todos aquellos supuestos en los que no sea posible acudir a la justicia gratuita, porque no se cumplan los requisitos de acceso al turno de oficio, llegando a alcanzar la propuesta de cuantía de tasas hasta los 1.200 euros, sin atender a distinción de capacidad económica", señalan.

Por todo ello ven en la subida de tasas una "penalización económica" para todos aquellos que legítimamente acuden a los tribunales a defender sus intereses.

Han explicado que la reforma, caso de convertirse en ley, será aplicable a la mayoría de los procedimientos, tanto a particulares como a sociedades y empresas. Las tasas irán desde los 100 euros de tasa por plantear un procedimiento monitorio, o, a título de ejemplos, 150 euros por el acceso a un proceso verbal, incluso los de escasa cuantía, 200 euros para recurrir la denegación de una beca de estudios en los tribunales contencioso administrativos, 300 euros de tasa por el planteamiento de un proceso ordinario, 800 euros para tener acceso a un recurso de apelación, sea cual sea su naturaleza y hasta los 1.200 euros que será necesario abonar para plantear un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los colegios de abogados están observando un aumento considerable de las solicitudes de justicia gratuita desde el inicio de la situación de crisis económica, algo que creen continuará produciéndose en el futuro próximo. "Pero que no debe ser pretexto para que sea la ciudadanía la que asuma la carga económica de la financiación del sistema procesal de la justicia", dicen los decanos.