El juzgado de lo Penal número 4 de Huelva acoge este miércoles a las 10,00 horas el juicio de los dos administradores de una empresa dedicada a la construcción, J.C.L., y S.A.O.A., por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal con un delito de homicidio por imprudencia grave, tras el fallecimiento de un trabajador en accidente laboral el 13 de diciembre de 2006.

Según reza en el escrito de acusación, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía pide por estos hechos dos años y medio de prisión para cada acusado con inhabilitación especial para el ejercicio dentro de su profesión y oficio como administrador o gestor de empresas relacionadas con la construcción durante el tiempo de la condena, y una multa de 21.600 euros.

Como responsabilidad civil, a juicio del Ministerio Fiscal, los acusados tendrán que indemnizar, conjunta y solidariamente, a la viuda del fallecido con la cantidad de 106.275 euros y a cada uno de sus hijos con 44.281 euros por el fallecimiento de su esposa y padre, respectivamente. A esta cantidad hay que sumar los 60.000 euros que una entidad aseguradora consignó a la viuda del fallecido en mayo de 2007.

Los hechos, según considera el fiscal, tuvieron lugar el 13 de diciembre de 2006 cuando este trabajador, junto a un compañero, contratados por la citada empresa, prestaban servicios en un edificio situado en la calle Plus Ultra donde estaban procediendo a la impermeabilización de las terrazas del citado edificio.

Sobre las 11,30 horas, tras una pausa para desayunar, los trabajadores volvieron al lugar del trabajo y el fallecido accedió a una de las cubiertas con inclinación a dos aguas desprovisto de cinturón de seguridad de sujeción, aproximándose, por motivos que se ignoran, al borde de la misma que ya estaba pintando, momento en el que resbaló y se deslizó sobre la zona acabada, precipitándose al vacío y falleciendo a resultas del traumatismo torácico y shock hipovolémico que sufrió tras la caída.

En el momento del accidente la empresa, de la que los acusados eran administradores y gestores únicos, no fiscalizó el uso correcto ni adecuado del arnés antiácida que se había facilitado al fallecido, quien venía empleando uno propio y no válido para satisfacer las paradas de caída; no había dispuesto la presencia de un recurso preventivo, pese a lo peligroso de la actividad que desarrollaban sus trabajadores en el citado edificio, y no había informado a los mismos sobre los riesgos específicos de seguridad y salud en el trabajo ordenado ni sobre las medidas de seguridad a tomar.

Del mismo modo, la Fiscalía apunta que la empresa había elaborado un plan de seguridad y salud, en fecha no concretada, no aprobado por dirección facultativa de la obra alguna, meramente generalista, y no adaptado a las concretas características del trabajo a realizar en el lugar de los hechos. Por otro lado, la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa para otros dos imputados.