El principal imputado en el juicio por la quiebra de la Cooperativa de Monte, José Ramón G., ha afirmado que todas las operaciones que realizó en las cuentas bancarias de la sociedad eran ordenadas y conocidas por la Junta Rectora de la misma, y ha asegurado que ésta sabía que algunos socios tenían descubiertos en sus cuentas, y las cantidades, sin poner "ningún impedimento".

Durante su declaración en el juicio, ha explicado que fue la Junta Rectora la que le otorgó las facultades para realizar operaciones con los bancos, como firmar cheques o abrir y cancelar depósitos a plazo fijo con los bancos, uno de ellos por valor de 1,2 millones de euros cuya cancelación costó 20.000 euros a la Cooperativa.

Al respecto del mismo, el principal imputado, que ha mantenido que era sólo un administrativo y ha negado haber sido nombrado consejero delegado, ha explicado que abrió el plazo fijo y lo cerró por orden de la Junta Gestora.

Sin embargo, y pese a reconocer que tenía facultad para realizar este tipo de operaciones, ha explicado que "la mayor relación" con los bancos la tenía otro de sus compañeros en la Sección de Crédito, que a su vez era hermano del secretario de la Junta Rectora de la Cooperativa.

"ningún favor" de los deudores

Por otra parte, en esta segunda jornada del juicio, en el que se han iniciado las declaraciones de los acusados, José Ramón G. ha asegurado que "no mantenía ninguna relación especial con ningún socio" de la Cooperativa, tanto aquellos con cuentas al descubierto como con los que no, y de hecho ha explicado que eran sus compañeros los que solían estar más frecuentemente de cara al público, no él.

En este sentido, ha insistido en que tampoco le unía ninguna relación de este tipo con el principal deudor de la Cooperativa, V.F., imputado también en la causa y que declarará este miércoles, quien llegó a tener un descubierto en sus cuentas en la sociedad de más de 10 millones de euros.

También, ha asegurado que no recibió "ningún favor" de los socios con descubiertos, ni en forma de dinero o bien, por permitirles mantener las cuentas en este estado.

A preguntas del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, sí ha reconocido que "sabía" que había algunos socios que tenían descubiertos en sus cuentas, aunque no "exactamente" en qué cantidades, tampoco las de V.F., el principal deudor, si bien ha señalado que algunos cooperativistas ya tenían cuentas con saldo negativo antes de que él comenzara a trabajar en la Sección de Crédito.

Cuestionado por su presencia en las reuniones de la Junta Rectora -normalmente era el único de sus compañeros que acudía-, ha apuntado que su labor en las mismas se limitaba a entregarles la información que se generaba en la oficina de la Sección de Crédito.

A preguntas del fiscal, el principal imputado en esta causa, que entró a trabajar en la Cooperativa en 1985 en la Sección de Almacén y no fue hasta años después cuando entró en la de Crédito, ha negado que tratara de que la Junta no descubriera los descubiertos de estos socios de la Cooperativa.

"Ellos sabían las cantidades de los descubiertos", ha afirmado el José Ramón G. y la situación que esto generaba en las cuentas de la Cooperativa sin que —ha dicho— este órgano pusiera "ningún impedimento" o "cortapisa". En el caso del principal deudor, V.F., ha afirmado que tampoco "hizo nada" para limitar sus descubiertos.

Además, ha indicado que era la Junta Rectora, y no él, la que decidía qué hacer con los socios con cuentas al descubierto y ha explicado que no se actuaba de una forma u otra dependiendo de lo que debieran. Ha señalado que en unos casos se les avisaba de la situación de sus cuentas y en otras se esperaba a que los titulares de las mismas consultaran sus saldos.

A lo largo de su declaración, el principal imputado ha asegurado que no tenía un poder especial sobre sus compañeros en la oficina y ha explicado que las cuentas anuales las elaboraban entre todos en la Sección de Crédito y, posteriormente, eran entregadas a la Junta Rectora y al Comité de Vigilancia de la Cooperativa, y tras hacer las modificaciones que estos órganos mandasen, se trasladaban a la Asamblea General.

"amenazas" de los auditores

Por otra parte, José Ramón G. ha asegurado que, cuando las cuentas de la Cooperativa comenzaron a ser auditadas, "colaboró en todo tipo" de requerimientos de los encargados de realizar esta tarea, a los que facilitó las claves de internet para acceder a las cuentas.

Ha asegurado que "camparon a sus anchas" recabando información y "revolvieron" en "sus cajones" de la oficina. Además, ha señalado que "estuvo localizable en todo momento". De hecho, ha asegurado que a uno de ellos llegó a darle su número de móvil.

José Ramón G. ha explicado que estos auditores hablaban con los demás administrativos de la oficina y les comunicaron "cosas". "A mí no me dijeron nada", ha afirmado el principal imputado, quien ha negado que fuera nombrado como gerente.

De hecho, ha asegurado que uno de los auditores, que declarará en el juicio como testigo-perito por solicitud del Ministerio Fiscal, le mandó que se fuera a casa y, cuando tres días después volvió para pedir que se le entregara un documento en el que se pusiera por escrito este mandato, le dijo "vete que lo único que te voy a poner es una querella criminal".

"Me decía que me callara", ha afirmado este imputado, quien ha asegurado haber recibido "amenazas" en las que se le decían que le iban a mandar a la cárcel. Al ver estas actitudes, ha asegurado que, al colaborar con los auditores atendiendo sus requerimientos, sabía que "estaba preparando su propia querella".

Legitimidad de la cooperativa

El juicio, que continuará este miércoles a las 10 horas con las preguntas de la defensa a José Ramón G, y posteriormente con las declaraciones de otros imputados, ha comenzado su segunda jornada con la exposición por parte de la Sala de su deliberación sobre la legitimidad de la Cooperativa para personarse como acusación particular.

En respuesta a la cuestión planteada por la defensa, que consideraba que la Cooperativa carecía de legitimidad tras haber vendido sus activos al Banco Santander y esta entidad a la Coodinadora de Empresas Públicas (CEP) Cantabria.

Después de analizar la documentación aportada por la defensa para sostener su argumento, motivo por el que se suspendió el juicio este lunes, el presidente de la Sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, Agustín Alonso, ha asegurado que la Cooperativa de Monte es "la única que está legitimada para ejercer acciones civiles y penales" en esta causa.

Ha asegurado que así se desprende de los contratos de compraventa con el Banco Santander y CEP Cantabria, ambos del 13 de febrero de 2008, al considerar que de ambos se entiende que la Cooperativa se reserva los derechos para ejercitar acciones civiles y penales para recuperar el dinero o los bienes que forman parte de la querella.

En dichos contratos, la Cooperativa se compromete a transmitir estos, cuando los recupere, a los compradores, esto es al Banco Santander y a CEP.