El Parlament ha aprobado por unanimidad tres puntos de la moción del PSIB-PSOE relativa a lucha contra el fraude fiscal, entre los que destaca el que insta al Govern a que la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) renuncie a la recuperación del convenio para la implantación de siete oficinas liquidadoras, cuya supresión supuso, en su momento, el ahorro de siete millones de euros y la mejora de la recaudación del 42%.

En el pleno de la Cámara autonómica, también se han aprobado por unanimidad los puntos relacionados con que la ATIB priorice en la revisión y tramitación de los expedientes pendientes y con la constatación de la necesidad de coordinar la lucha contra el fraude entre las diferentes administraciones que tienen competencias.

El punto 9, relativo a la redacción de un nuevo Plan Extraordinario de Lucha Contra el Fraude "más claro, concreto y eficiente" que el presentado por la ATIB en 2012 para el periodo de 2013-2015, ha sido rechazado con 28 votos del PP y 26 a favor de los grupos parlamentarios y los diputados no adscritos.

El PP ha argumentado su rechazo al resto de la moción en su conjunto debido a que, aunque la lucha contra el fraude "debe ser implacable" la cuantificación del "sindicato de técnicos de Hacienda" que la cifra en 1.000 millones de euros, "no es oficial y no cita ni fuentes ni estudios".

Para el diputado popular Francisco Mercadal los socialistas, además, parten de un "error de planteamiento" ya que mezclan las cifras de "fraude descubierto" con las de recaptación por lo que, según ha dicho, esto "invalida prácticamente toda la moción" ya que "parte de un principio equivocado".

Según el parlamentario socialista Joan Boned, el "error" al que hacer referencia Mercadal incide en que podrían ser "aún más eficaces" debido a que si la cifra mencionada de 27 millones de euros es relativa al "fraude descubierto en 2011" y la de 55 millones de 2010 "a la de recaudación", quiere decir que "se ingresa cada vez menos" y "no se va por el buen camino".

Desde el PSM-IniciativaVerds-Entesa, Fina Santiago ha dado su apoyo a la moción debido a que este tipo de lucha debe ser una "obsesión" ya que en España el 23% del PIB proviene del fraude fiscal -cuando en la UE es del 13%- y hay un 20% de la población en el umbral de la pobreza y dos millones de parados no reciben prestación.