La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno cántabro, a través de la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, continúan potenciando su colaboración en la lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido.

Como consecuencia de estas actuaciones, entre enero y agosto de 2012 se realizaron un total de 1.383 inspecciones que posibilitaron la detección de un 29,4% de irregularidades, plasmadas en un total de 706 empleos aflorados, según destaca el Ejecutivo en una nota de prensa, en la que subraya que esto supone un aumento del 99,4% en la afloración de empleo sumergido (352 empleos más), respecto al mismo periodo del año 2011.

Este dato es "muy positivo y satisfactorio", ya que se sitúa "muy por encima" de la media nacional en la detección de este tipo de fraude, cifrada en un 14,5% en el mismo periodo de tiempo, tal y como ha subrayado la directora general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Rosa Castrillo, que ha enfatizado que el Ejecutivo está desarrollando una "intensa lucha" contra la economía irregular y el empleo sumergido.

La directora general de Trabajo ha resaltado, igualmente, los beneficios que, en esta materia, ha aportado la estrecha colaboración que mantiene el Gobierno de Cantabria con las distintas administraciones públicas, estatales y municipales, plasmada en una colaboración y cooperación interadministrativa, centrada en formulas integradoras en la lucha contra el empleo sumergido, que parten de la participación e intercambio de información relevante.

Lacra social

Castrillo, que ha calificado al empleo sumergido como "una de las lacras sociales más reprobables", ha resaltado la importancia de que "toda la sociedad sea consciente de ello y que los poderes públicos centren sus esfuerzos en sacar a la superficie el mayor porcentaje posible de fraude".

La directora general de Trabajo ha insistido que la prestación de servicios laborales sin el alta en la Seguridad Social implica para el trabajador la inexistencia de cualquier clase de derecho (prestaciones sanitarias, jubilación, seguridad, etc.) y, por otro lado, el desarrollo de una actividad económica no declarada, mediante el empleo de trabajadores no declarados, acarrea para el empleador numerosas consecuencias económicas (sanciones en materia laboral que pueden llegar a los 800.000 euros).

Respecto del conjunto de la sociedad, Castrillo ha añadido que la existencia de "altos porcentajes de empleo clandestino" supone una "grave insolidaridad", ya que implica una "merma" en los fondos existentes para afrontar la cobertura de las necesarias prestaciones sociales (sanidad, desempleo, jubilación, etc).