El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, José Luis Centella, ha señalado este jueves que se alegra que en la huelga general del 14 de noviembre "no solo vayan a estar los diputados, sino los cargos públicos de la Junta de Andalucía", algo que califica de "lógico y coherente".

Así lo ha manifestado Centella en una rueda de prensa en Córdoba, acompañado por el coordinador provincial de IU, Pedro García, y el senador de IU por Andalucía José Manuel Mariscal, después de que este miércoles el coordinador general de IULV-CA y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, avanzó que todos los cargos públicos de la federación de izquierdas, incluidos los miembros del Gobierno andaluz, secundarán la huelga general.

Mientras, Centella reclama al Gobierno central que "esté tranquilo" y que "no convierta la huelga general en un problema de orden de público", de modo que "deje a la gente que se exprese" y "se manifieste en paz", pues, "estamos cansados de que cualquier manifestación se convierta en un problema de orden público".

En este sentido, reclama que la misma convocatoria sea para "decirle a Rajoy que basta ya de engañar y de no cumplir", con las propuestas que "no estaban en su programa electoral ni en su discurso de investidura".

Además, defiende que "es una huelga cívica, por primera vez en este país, no solo laboral", pues, "se van a implicar colectivos sociales", al tiempo que la federación de izquierdas será "parte activa en el desarrollo", con el objetivo de que "haya un expresión clara del pueblo" frente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "antisociales".

"rajoy y montoro echan gasolina a las calles"

Por su parte, el senador Mariscal ha argumentado que el Gobierno con los PGE lleva a cabo la política "más agresiva contra el pueblo", de modo que "Rajoy y Montoro echan gasolina a las calles" con estas cuentas, y así "se verá el día 14 con la huelga general", que espera que "sea un gran paro cívico nacional en el que se exprese el rechazo de los trabajadores y el conjunto de la ciudadanía".

A su juicio, los PGE son "una provocación para la movilización", que, como aventura, "se va a seguir dando en el proceso de acumulación de fuerza de la ciudadanía en la calle". Por tanto, "si no se le da la palabra a los ciudadanos para expresar su posición sobre las políticas que no aparecían en ningún programa electoral, la única salida es ocupar la calle".

Entretanto, defiende que "es más necesario que nunca una auditoría de la deuda que tiene el país", en la que se "separe la deuda que tiene legítima de la ilegítima" y de este modo, "no pagar la deuda utilizada para la especulación", como advierte Mariscal, quien apunta que "la deuda histórica" con Andalucía, que en los PGE asciende a "4.000 millones", será "un elemento central de movilización que IU quiere articular contra los presupuestos y tendrá su expresión lógica en la huelga general".

Propuesta para el congreso

Entretanto, Centella ha informado de que la próxima semana su grupo elevará en el Congreso de los Diputados una propuesta para "reformar" la Cámara Baja y su actividad parlamentaria, y "situarla lo más de cara a la ciudadanía", a fin de "evitar ver el parlamento rodeado de vallas y policías y separado de la gente".

Y es que, tal y como apostilla, "si se deja tranquila a la gente, como ocurrió en Madrid hace dos días, no crea problemas", pues, "la manifestación ante el Congreso fue pacífica" y "no hubo provocaciones", pese a "los 600 policías que había".

En concreto, IU reclama ampliar las competencias de la Comisión de Peticiones para que "deje de ser un mero buzón de reclamaciones". Ésta, a su juicio, "debe tener la capacidad para permitir que los colectivos e instituciones puedan explicar directamente en su seno las peticiones presentadas, así como poder emitir informes sobre las mismas".

Igualmente, pide el desarrollo de iniciativas que permitan una mayor relación de la ciudadanía con sus representantes; la apertura del Congreso a la participación de la sociedad civil, facilitando su presencia en las comisiones y en la elaboración de iniciativas parlamentarias; la regulación del Debate sobre el Estado de la Nación para evitar que su formulación dependa de la voluntad del Gobierno y dejando clara la obligación de que se celebre de forma anual, o la regulación más amplia de la comparecencia del presidente del Gobierno ante el Congreso, siendo ésta obligada cuando lo soliciten dos grupos parlamentarios.

También propone la modificación de las condiciones necesarias para aceptar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), de modo que "debe reducirse el número de firmas necesarias y permitir su presentación ante el Pleno del Congreso por parte de los impulsores de la iniciativa"; impulsar el debate público sobre "el intento de disminuir la democracia municipal", o modificar el funcionamiento del Congreso para hacer "más efectiva la centralidad" del Parlamento y limitar "el carácter bipartidista" del actual reglamento.

Para ello, IU considera que debe ampliarse el número de preguntas que formulan los grupo parlamentarios, aumentando a dos por Pleno el actual cupo para los grupos que disponen de más de diez diputados y ampliando las que se realizan al presidente del Gobierno, que pasarían de las tres actuales por cada sesión de control al menos hasta cinco.

También debe aumentarse el número de proposiciones no de ley (PNL) a discutir en cada Pleno para permitir una distribución "más amplia y plural" de los cupos que tiene asignado cada grupo parlamentario y "evitar que PP y PSOE se repartan casi en exclusividad la mayoría de las sesiones plenarias". Así, pide que los grupos más pequeños puedan presentar una proposición no de ley al menos cada dos plenos. De igual forma, debe subirse el número de este tipo de proposiciones en cada comisión parlamentaria, para permitir que todos los grupos puedan trasladar sus propuestas al debate.