La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha expresado este miércoles ante el Pleno del Parlamento el rechazo del Gobierno andaluz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 porque frenan el crecimiento de la economía andaluza, condenándola a una caída prevista del 1,2 por ciento por no llegar los recursos que le corresponden, y buscan el "desmantelamiento" de los servicios públicos.

Durante su intervención ante el debate general sobre la incidencia de los PGE en Andalucía, Martínez Aguayo ha manifestado que el Gobierno andaluz rechaza los presupuestos estatales para 2013 porque incumplen, al igual que los del presente ejercicio, con Andalucía y no respetan su Estatuto de Autonomía, cuya Disposición Adicional Tercera señala que la inversión del Estado en la comunidad será equivalente a su peso poblacional, esto es del 17,9 por ciento, algo a lo que no se da cumplimiento.

En un periodo de seis meses, según la consejera, el Gobierno de Mariano Rajoy ha incumplido en dos ocasiones el Estatuto Andaluz consignando para esta comunidad en los PGE una inversión inferior a la que le corresponde. Así, ha explicado que de los 10.643 millones de inversión territorializada en los PGE de 2013, 1.633 corresponden a Andalucía, lo que representa en 15,3 por ciento del total, esto es, 272,2 millones menos de lo que correspondería a esta tierra. En total, serán 681 millones de euros los que dejen de venir a Andalucía en inversión regionalizada por el no cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera en los PGE de 2012 y 2013.

Ha manifestado que, en cambio, los PGE de los años 2009, 2010 y 2011, elaborados por el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sí cumplieron con lo establecido en el Estatuto de Autonomía, en plena crisis económica y a pesar del descenso de la inversión total del Estado.

"No es que Andalucía pida recibir más que nadie, sino solo aquello que le corresponde de acuerdo a la ley", ha expresado la consejera, quien ha apuntado que el incumpliendo del Estatuto, la reducción en el Fondo de Compensación Interterritorial y el hecho de que no se consignen las inversiones presupuestadas y no ejecutadas en los ejercicios 2008 y 2009 supondrá que dejen de llegar a Andalucía 2.437 millones en el próximo año, lo que supone un impacto negativo en el PIB andaluz del 1,7 por ciento.

"Con esa cuantía, la economía andaluza crecería en 2013 un 0,5 por ciento en términos reales, en vez de la caída del 1,2 por ciento prevista", ha apuntado la consejera, quien ha expresado que la Junta seguirá dando la batalla para que haya una nueva distribución del déficit en 2013 porque no tiene sentido que las comunidades no puedan superar el 0,7 por ciento y, en cambio, para el Estado el límite esté en el 3,8 por ciento.

Ha incidido en que ese reparto del objetivo de déficit es "poco equitativo y poco lógico", y ha opinado que resulta difícil de entender que las comunidades autónomas dispongan de menos del 25 por ciento del margen de déficit total del que dispone España "salvo que se persiga un efectivo desmembramiento del Estado del Bienestar".

La consejera también ha puesto de manifiesto que los PGE para 2013 suponen un claro retroceso en el gasto social, con importantes reducciones en partidas como las prestaciones por desempleo (-6,3 por ciento), políticas activas y fomento del empleo (-34,6 por ciento), el fondo de cohesión sanitaria (-61 por ciento), Plan Concertado (-40 por ciento) o Igualdad de Oportunidades (-24 por ciento). Hay también, según ha recalcado, un descenso prácticamente generalizado en todos los programas educativos y en el programa de becas y ayudas a estudiantes.

En su opinión, ese retroceso considerable en el gasto social es una "una nueva vuelca de tuerca al desmantelamiento de los servicios públicos que está llevando a cabo el PP desde que gobierna".