La Conselleria de Justicia ha abogado cuatro trimestres de lo que adeuda a los juzgados de Paz, pero sigue debiendo año y medio, según ha informado CCOO en un comunicado, quien ya ha denunciado en varias ocasiones a lo largo de los últimos años la situación que están soportando los secretarios de estos organismos judiciales, ubicados en poblaciones de menos de 7.000 habitantes.

En estas localidades, la normativa actual obliga a las comunidades autónomas al abono de compensaciones económicas a los jueces de Paz y al personal que desempeña las funciones de secretario del juzgado. Estas compensaciones, de abono trimestral, varían según el tramo de poblaciones, y van desde los 550 euros anuales en poblaciones de menos de 500 habitantes hasta los 1.800 euros anuales en poblaciones de mas de 5.000 habitantes.

La Consellería de Justicia acaba de abonar cuatro trimestres de la deuda, pero esta se sigue acumulando y el "malestar" se mantiene entre todo el colectivo afectado, que ha dirigido varios escritos y en diversas ocasiones a la Dirección General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. También ha llegado a realizar actos de protesta como ralentizar el tramite de los asuntos del Registro Civil, así como exhortos no urgentes.

La protesta —ha informado CCOO— llegó a tener consecuencias negativas para algún funcionario, al que han llegado a llamar a declarar porque un juez se quejó ante la devolución de un exhorto —el exhorto contiene una solicitud para realizar un acto propio de la función judicial como tomar declaración a algún testigo—.

Algunos secretarios de pequeñas poblaciones llegaron a plantearse incluso la dimisión, abandonar la responsabilidad que contrajeron, ya que como dicen ¿quien trabajaría sin cobrar?, y máxime cuando en otras comunidades cobran al día y mucho más, han señalado desde el sindicato.

Ante esta situación, CCOO ha hecho un llamamiento a la Administración, para que abone lo que queda pendiente y regularice de manera adecuada el pago de las indemnizaciones. Para el sindicato, la "mala" gestión de la conselleria "está afectando negativamente la prestación normal del servicio público de justicia en los municipios más pequeños y que más necesitan de una mínima atención".