Tras más de cuatro años en fase de instrucción, el caso Turisme Jove ya tiene fecha para su enjuiciamiento: será entre los días 17 y 21 de junio cuando se sienten en el banquillo los trece acusados de desviar más de un millón de euros a través de este consorcio público durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

Entre ellos se encuentran su exgerente Damià Amengual, el exdirector general de Juventud Juan Francisco Gálvez, y el exjefe de Servicios de la empresa Juan Francisco Gosálbez, a quienes se les acusa de haber planificado y desarrollado entre 2003 y 2007 una trama por la que habrían saqueado las arcas de la empresa hasta provocar su quiebra técnica.

Se trata de unos hechos por los que la Fiscalía solicita un total de 48 años y medio de prisión para los inculpados, sobre quienes pesan los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude.

En concreto, será la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares la encargada de juzgarles, si bien el tribunal podría modificar las fechas de la vista oral, si así lo solicitan las partes, puesto que todos los días fijados coinciden con la celebración del juicio por otra causa de presunta corrupción, la del caso Can Domenge.

En el caso de los acusados de Turisme Jove, las penas más elevadas que reclama la Fiscalía, a cuyo escrito de calificación se ha adherido la Abogacía de la Comunidad Autónoma, son los 12 años de cárcel que reclama para Gálvez, 10 años y medio para Amengual y los cuatro y medio que pide para Gosálbez, quienes presuntamente llevaron a cabo las actuaciones necesarias para conseguir que parte de los fondos del consorcio fuese utilizada en beneficio privado.

"Un enriquecimiento a costa de los fondos y cargos públicos que se desarrolló utilizando distintas operativas" aprovechándose de la "falta total y absoluta" de controles administrativos sobre su gestión, tal y como postulan los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau. Para ello, contaron con la intervención de los otros encausados -particulares con quienes se relacionaban o contrataron al margen de los procedimientos de contratación pública- con quienes presuntamente se concertaron a fin de admitirles facturas que no se correspondían con servicios prestados.

Cobro de comisiones por la adjudicación de contratos

Además, la acusación pública sostiene que los responsables del consorcio habrían cobrado comisiones por la adjudicación de los contratos y habrían interpuesto sociedades expresamente constituidas para defraudar a la administración, obteniendo del erario público el reintegro de gastos personales y ocasionando de este modo a Turisme Jove un perjuicio que superaría el millón de euros, según las investigaciones practicadas dentro de este caso.

Otros de los imputados a quienes acusa la Fiscalía son el empresario de Injerjes de Paguera y ex regidor de Calvià, Jesús García Oeo; el empresario Miguel Rigo; la compañera sentimental de éste último, María Auxiliadora Pérez; el constructor Marcos Pérez; los socios de Náutica Aventura, Antonio Dols y Bartolomé Gayà; el constructor Antonio Tugores; el publicista Manuel Carmelo; el rotulista Pau Pujante y el hotelero francés André José Villena, quien según las pesquisas facturó 120.000 euros al consorcio varias estancias en establecimientos de Alpe d'Huez (Francia) y Vago (Portugal) que nunca llegaron a realizarse.

También están personados en el caso, como acusación popular, el PP, que únicamente acusa a Gosálbez -para quien solicita cuatro años y medio de cárcel- y el Consorcio para la Presencia y Promoción del Alberguismo (REAJ), que pide cuatro años de prisión para Gosálbez, Amengual, Gálvez y María Auxiliadora Pérez. Las acusaciones reclaman además cuantiosas indemnizaciones para los inculpados en favor de Turisme Jove y el REAJ.

Cabe recordar que el caso se inició en agosto de 2008, después de que la Conselleria de Juventud y Deportes, que en la segunda legislatura de Matas estaba dirigida por la consellera Rosa Puig, detectase irregularidades en la gestión del Consorcio y pidiese a los Servicios Jurídicos del Govern que investigaran estas anomalías. Tras confirmarlas, el Ejecutivo autonómico puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.