Los cinco grupos parlamentarios con representación en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) esperan que las comisión de investigación del 'caso Marea' tenga utilidad y sirva para corregir los posibles errores que existan en los controles de la administración regional.

Así se han pronunciado antes de participar en la primera reunión de la comisión en el parlamento asturiano, presidida por Ignacio Prendes (UPyD), con Carmen Sela (Foro) de vicepresidenta y con Fernando Lastra (PSOE) de secretario.

El 'caso Marea' se refiere a una presunta trama de corrupción en la contratación del Principado en la anterior administración socialista que mantiene como imputado, entre otros, al exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre. El asunto sigue en fase de instrucción por parte de la Justicia.

Antes de participar en la reunión, Lastra, a preguntas de los medios de comunicación, ha dicho que la reunión de este miércoles tiene como propósito determinar lo que los grupos quieren saber, a través de solicitudes de información que plantearán.

"Todo es para que cuando concluya la comisión podamos determinar con precisión qué es lo que hay que corregir, modificar, o mejorar en los procedimientos de control", ha señalado. El PSOE pedirá informes que tiene que ver con declaraciones ante la policía y los relativos a los responsables de las secretarías técnicas y de algún responsable política que compareció y declaró.

Lastra ha explicado que el asunto ya ha sido "investigado por la policía y por los jueces", por lo que ha dicho que los grupos políticos han de concentrarse "en los procedimientos administrativos". El objetivo, ha insistido, es detectar los que no funcionan bien y que pueden ser "saltados por un delincuente".

En cuanto a la petición de comparecencias en la comisión de investigación, que será objeto de otra reunión más adelante, Lastra ha comentado que a las personas que están imputadas "les recomendarán que no digan nada". Y ha añadido que él no está en el parlamento "para perder el tiempo".

LIMITACIÓN

En la misma línea, la diputada de IU Noemí Martín ha explicado que la comisión de investigación está "limitada" porque existe un procedimiento judicial abierto. Tras explicar que no van a impedir la petición de comparecencias de grupos, ha recordado que, por ejemplo, Riopedre se acogió a su derecho de no declarar frente al juez. "Me temo que en esta comisión va a pasar lo mismo", ha vaticinado.

IU pedirá la copia de expedientes desde 2002 relativos a un modelo de contrato de homologación que utilizaba el Principado, así como la relación de contratos formalizados y ejecutados por personas imputadas, como la funcionaria Marta Renedo y la exdirectora general de Educación, María Jesús Otero. "Ahí es donde está lo fundamental del caso", ha señalado.

Mientras, el diputado de UPyD, Ignacio Prendes ha destacado la importancia de obtener la documentación del Gobierno del Principado, de Hacienda, de la Policía y la Guardia Civil, que han sido "los que han destapado este asunto".

Teniendo claro que no van a "interferir" en el trabajo judicial, Prendes ha dicho que el objetivo es determinar las "responsabilidades políticas" que se derivan de este caso.

Foro y pp creen que llega tarde

Por su parte, tanto los representantes de Foro como del PP piensan que la comisión "llega tarde". Carmen Sela (Foro) ha comentado que tenía que haberse constituido en 2010. "Pero en aquel momento ni al PP ni al PSOE les interesó", ha indicado.

Sela ha indicado que su grupo se centrará en la vía administrativa y que terminará pidiendo responsabilidades en el caso de que las haya. "Es el caso más grave de corrupción que ha habido en el Principado de Asturias", ha subrayado. Foro pedirá una amplia batería de información, con expedientes que solicitarán a las administraciones públicas o a la Sindicatura.

José Agustín Cuervas-Mons, del PP, también ha lamentado que haya pasado tanto tiempo para constituirla. "Cuando pasó todo, nosotros solicitamos una comisión de investigación y la negó el Gobierno socialista", ha explicado.

El diputado del PP ha dicho que su partido pide como información relaciones de contrato y copias de algunas actuaciones judiciales "si es posible". Su objetivo es que lo ocurrido "no se vuelva a repetir nunca".

Puerta cerrada

La reunión de la comisión de investigación, la primera que se produce, se ha producido finalmente a puerta cerrada, sin acceso por parte de los medios de comunicación.

Ha sido el propio letrado de la Cámara el que ha explicado que en el caso de las comisiones de investigación, las sesiones de carácter "deliberativo" como la de este miércoles "no son públicas". En cualquier caso, ha dejado claro que las comparecencias que se producirán en el seno de la comisión sí serán públicas.

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