El Parlament insta al Govern a elaborar un proyecto de ley para regular las fianzas de los alquileres

El pleno del Parlament de este martes ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley del PP con la que se insta al Govern a presentar un proyecto de ley que regule la exigencia de depositar en el Ibavi la fianza exigida por los arrendatarios de las fincas urbanas y la de las empresas administradoras.
Virtudes Marí
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Virtudes Marí

El pleno del Parlament de este martes ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley del PP con la que se insta al Govern a presentar un proyecto de ley que regule la exigencia de depositar en el Ibavi la fianza exigida por los arrendatarios de las fincas urbanas y la de las empresas administradoras.

Según ha defendido la 'popular' Virtudes Marí la exigencia de prestar una fianza para la celebración de un contrato de arrendamiento, "ya sea vivienda habitual o de uso diferente", constituye una obligación de carácter imperativo.

De esta forma la comunidad autónoma, según ha señalado, tiene competencia exclusiva en materia de vivienda tal y como se dispone el Estatut de Autonomia, "estando obligada por ello a desarrollar políticas de promoción de viviendas para cumplir con el mandato constitucional".

En este sentido, la parlamentaria ha manifestado que "es necesaria una actualización de la regulación de fianzas para dar más seguridad jurídica a los arrendadores y a su vez saquen las viviendas que no están ocupadas al mercado arrendatario".

Así, ha recordado que al Ibavi se le atribuyó la gestión de las fianzas sobre arrendamientos y que seguidamente se aprobó la obligación de prestar el depósito de la fianza", ha manifestado Marí.

Frente el amparo de las competencias propias de la comunidad autónoma, la 'popular' ha asegurado que "cabe regular la obligación de la constitución de las fianzas devengadas mediante un texto legal que les otorgue la máxima legitimación democrática mediante su aprobación en el Parlament a través de los representantes directos de la ciudadanía de esta comunidad, garantía máxima del consenso y legitimidad en un Estado de Derecho".

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