El Tribunal de L'Aquila (centro de Italia) ha condenado este lunes a seis años de cárcel a los siete miembros de la Comisión de Grandes Riesgos acusados de infravalorar los riesgos de un posible seísmo y no adoptar medidas preventivas al reunirse una semana antes del terremoto que devastó la región de Los Abruzos en abril de 2009.

El juez, según informaron los medios de comunicación italianos, les consideró culpables de homicidio culposo múltiple y lesiones por negligencia y dictaminó seis años de cárcel para los imputados, con lo que superó la pena solicitada por la Fiscalía, que era de cuatro años de reclusión.

El juicio en primera instancia comenzó el 20 de septiembre de 2011 y supuso el proceso más importante después de la investigación que se inició tras el terremoto del 6 de abril de 2009, que causó más de 300 muertos y devastó la región Los Abruzos y el centro histórico del L'Aquila.

Sobre los condenados pesaba la acusación de haber realizado en su encuentro "una evaluación del peligro sísmico totalmente aproximada, genérica e ineficaz en relación a la actividad de la comisión y a los deberes de prevención y precisión del riesgo sísmico".

Los condenados son el entonces presidente de la Comisión de Grandes Riesgos, Franco Barberi; el subdirector del sector técnico del departamento de la Protección Civil, Bernardo De Bernardinis, y el presidente del Instituto nacional de Geofísica y Vulcanología, Enzo Boschi.

Asimismo, han sido castigados con seis años de cárcel el director del Centro Nacional de Terremotos, Giulio Selvaggi; el director del Centro Europeo para la Formación y la Investigación de la Ingeniería Sísmica (Eucentre), Gian Michele Calvi; el profesor de Física de la Universidad de Génova, Claudio Eva, y el director de la Oficina de Riesgo Sísmico de la Protección Civil, Mauro Dolce.

Tras conocerse la sentencia, el abogado Marco Petrelli, letrado de Barberi, consideró que se trata de una decisión "asombrosa e incomprensible, en materia de derecho y en la valoración de los hechos". El abogado de De Bernardinis, Filippo Dinacci, señaló, por su parte, que la sentencia tendrá "grandes repercusiones sobre el aparato de la Administración Pública" y agregó que a partir de ahora "nadie hará nada".

En la investigación, conducida por la Fiscalía de L'Aquila, participaron algunos vecinos de la capital de la región de Los Abruzos, que ofrecieron su testimonio sobre sus denuncias tras los temblores que se registraron continuamente en los meses previos a la gran sacudida, que alcanzó los 5,8 grados de magnitud en la escala de Richter.

De hecho, esta parte de la investigación sobre el terremoto se abrió después de que una treintena de ciudadanos denunciaran que la Comisión de Grandes Riesgos se reunió el 31 de marzo de 2009, días antes del seísmo, sin alertarles después del peligro que podían correr sus vidas.