Un total de cuatro de los prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2003 por el mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, concretamente cuatro de los cinco cuyas rentas por prejubilación han sido suspendidas por la Junta de Andalucía, han reclamado este viernes comparecer ante la comisión de Gobierno Interior y Peticiones del Parlamento autonómico.

Sobre los expedientes de regulación de empleo promovidos por Mercasevilla en 2003 y 2007, cabe explicar que, si bien ambos fueron autorizados por la Consejería de Empleo, sólo el primero de ellos ha gozado del respaldo financiero de la Administración autonómica por lo que al pago de las prejubilaciones acordadas se refiere. Y es que el ERE impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue resuelto con aproximadamente 40 prejubilaciones cuya financiación ha quedado en el aire al haberse desligado de ella la Consejería de Empleo.

Los ere de mercasevilla

De un lado, entre finales de 2007 y comienzos de 2008, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, firmó varios documentos mostrando su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007. No obstante, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera advertía en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos firmados por Guerrero fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

En este marco, destacan los casos de María del Carmen Fontela González y de Antonio Garrido Santoyo, cuyos nombres figuran como beneficiarios de prejubilaciones en varios documentos de los ERE de 2003 y 2007, respectivamente, pese a que ninguna de ellos ha formado nunca parte de la plantilla del mercado central.

La suspensión de las rentas

Como consecuencia de la investigación promovida por la juez Mercedes Alaya, que indaga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias con cargo a la partida presupuestaria 31L, de la que se alimentan las prejubilaciones del ERE promovido en 2003 por Mercasevilla, la Junta de Andalucía ha suspendido las rentas asignadas a cinco extrabajadores concretos de este procedimiento al detectar posibles discordancias administrativas.

La trama, además, ha tenido reflejo en el Parlamento andaluz, concretamente en el seno de una comisión especial informativa, o de investigación, dedicada a analizar las ayudas sociolaborales y empresariales libradas entre 2001 y 2011 por la Junta de Andalucía con cargo a la partida presupuestaria 31L. De cualquier modo, estos cuatro prejubilados del ERE acordado en 2003 por Mercasevilla han formalizado este viernes un documento en el Parlamento andaluz solicitando comparecer ante su comisión de Gobierno Interior y Peticiones. En el documento, recogido por Europa Press, estos extrabajadores de la lonja hispalense recuerdan su intento de comparecer en la citada comisión de investigación y, dada la "indefensión" sufrida en la suspensión "injustificada" de sus rentas, reclaman acceder a la comisión de Gobierno Interior y Peticiones.