Los dos principales sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía han reaccionado a las declaraciones del 'conseller' de Interior de la Generalitat catalana, Felip Puig, quien dijo que, en caso de conflicto, "los Mossos d'Esquadra estarían con la Generalitat" y describió a este cuerpo autonómico como "una estructura de Estado".

Desde el SUP recuerdan que los mossos deben cumplir siempre la Constitución Española y, en caso contrario, podrían ser detenidos. En la CEP acusan a Puig de haber incurrido en una irresponsabilidad incalculable poniendo a ese cuerpo como seña de identidad nacionalista.

"Los mossos saben que tienen que obedecer a la Generalitat, pero en el marco de la legalidad vigente y de la Constitución y si alguno no lo hace tendría que ser detenido. Si hubiera que hacerlo, se haría", ha dicho el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet.

Sin embargo, Fornet ha querido dejar clara su confianza en que "la inmensa mayoría de los mossos, incluso los que puedan tener una ideología independentista, van a acatar la Ley sin ninguna duda porque son unos profesionales". "No van a dejarse utilizar ni que les pongan en la guillotina, estoy seguro", ha zanjado.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Española de la Policía (CEP), Ignacio López, ha manifestado su malestar por las declaraciones de Puig a quien ha acusado de haber incurrido en una "irresponsabilidad incalculable". "Esas declaraciones completamente irresponsables, llegado el momento, podrían incurrir en alguna figura contemplada en la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha añadido.

A juicio de López, "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben mantenerse al margen de cualquier situación política". "Poner a los mossos como la seña de identidad nacionalista, nos parece de una irresponsabilidad de un tamaño incalculable", ha insistido al tiempo que ha instado a Puig a que "medite y que evite involucrar a las fuerzas de seguridad en sus proyectos políticos".

De hecho, la propia Ley de la policía autonómica catalana destaca que se desarrolla sobre los fundamentos del bloque de constitucionalidad, "en remisión directa a la Constitución y el Estatuto de Autonomía", así como a la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y según la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica catalana tiene la obligación de colaborar con los otros cuerpos de seguridad y de actuar a las órdenes de los jueces, magistrados y fiscales. Esta obligación emana tanto de la Constitución, como del Estatuto catalán de autonomía.

Así, en la citada Ley se hace constar que la policía autonómica "actuará, en funciones de policía judicial, en los términos establecidos por los artículos 126 de la Constitución, 13.5 del Estatuto de Autonomía, y 443 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

En el pasado se han dado casos en los que un juez ha advertido a una Policía Autonómica de que puede incurrir en delito de desobediencia por no cumplir con sus mandatos.Un ejemplo fue la advertencia del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, a los mandos de la Ertzantza en junio de 2006, tras unas informaciones periodísticas en las que se aseguraba que la Ertzaintza había dado orden de solventar con una simple multa los delitos en que pudiera incurrir Batasuna tras haber sido suspendida su actividad.