El Gobierno central ha defendido en una respuesta parlamentaria a la diputada de UPyD Rosa Díez la legalidad del indulto parcial concedido al exalcalde del Valle de Abdalajís (Málaga) Tomás Gómez Arrabal (PP).

En la respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo señala que para la concesión del indulto se han solicitado los informes preceptivos al tribunal que condenó al exregidor, sel juzgado número 9 de lo penal de Málaga, que le impuso una pena de tres años de cárcel como autor de doce delitos de prevaricación.

Asimismo, el Gobierno relata que hay diferentes "condicionantes y circunstancias" en cada petición de indulto, que conllevan, en cada caso, la denegación o la concesión del mismo y mantiene que la decisión de concederlo es un acto graciable, "cuya limitación es la observancia de los límites legales a los que se somete y que se han cumplido también en el presente caso".

Por otro lado, recuerda que las penas impuestas a Gómez Arrabal en relación con la inhabilitación profesional, siguen intactas.

En su respuesta, el Ejecutivo mantiene que el indulto "no supone una exoneración de la gravedad de los delitos cometidos, ni de su importancia, ni del reproche social que merecen los hechos" y añade que delitos como los cometidos por el exalcalde son "absolutamente recriminables por parte de la sociedad".

"Pero la concesión de un indulto tiene la capacidad de moldear los posibles efectos penitenciarios sobre los condenados. No se indulta el delito, pues el delito ha sido cometido y así se ha dictado en sentencia judicial firme, lo que se indulta es una parte de la condena impuesta", concluye.