El exsíndic del PP en las Corts Valencianes y exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, declara este jueves como imputado en la conocida como 'causa de Cooperación', que suma otros 27 imputados —de los que seis son funcionarios o excargos en la administración valenciana—, mes y medio después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana asumiera la instrucción de la causa, procedente del juzgado número 21, y que ha correspondido investigar a la magistrada Pía Calderón.

Blasco —a quien, según el informe policial, personas imputadas en la causa le llamaban como 'Roger Rabbit', 'Conill' o 'Conejo'— comparecerá a las 10.00 horas en el tribunal valenciano, en un momento en el que, según ha podido saber Europa Press, falta por examinar más de la mitad de la documentación incorporada al procedimiento.

La sala de lo civil y penal del TSJCV asumió la causa el 5 de septiembre después de que el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que inició la investigación del presunto fraude en las subvenciones concedidas a ONG por esta administración entre 2008 y 2011, la elevara a esta instancia al entender que había "sólidos indicios" de la participación del diputado, y por tanto aforado, en la trama.

Blasco será, por el momento, el último en prestar declaración dentro de esta causa y el primero en hacerlo en el TSJCV, puesto que el resto de los imputados fue interrogado en la Ciudad de la Justicia de Valencia, de mano de la instructora inicial, la magistrada Nieves Molina.

El exconseller —a quien se le atribuye indiciariamente en la exposición razonada de la jueza de instrucción los presuntos delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental— ha elegido para llevar su defensa al abogado Javier Boix, quien también representó al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps en el conocido como 'caso de los trajes' dentro del 'caso Gürtel'. Boix logró en este caso la absolución para su cliente.

Tras la citación como imputado de Blasco, la magistrada seguirá con el procedimiento iniciado en el juzgado de instrucción, con la posibilidad de volver a escuchar a algunos de los imputados —si lo pide alguna parte o ella lo considera necesario— o solicitar todas aquellas pruebas que considere pertinentes.

La investigación

La investigación realizada por la jueza apuntaba a que el empresario Augusto César Tauroni, el único en prisión en este procedimiento, contactaba con pequeñas entidades sin medios personales y materiales para ejecutar proyectos de cooperación al desarrollo, y les ofrecía gestionar la parte administrativa y técnica de los proyectos. Entre ellas, figura Asade, Asamanu, Ceiba, Esperanza sin Fronteras, Fudersa y Fundación Cyes.

Tauroni decidió participar a través de la Fundación Entre Pueblos (posterior Hemisferio) en convocatorias públicas de subvenciones, al contar con la "aprobación y apoyo" de Blasco. El propósito era desviar parte de los fondos públicos, para lo que el empresario creó un entramado de empresas en España y EEUU, que facturaban a las pequeñas entidades que recibían las subvenciones muy por encima del precio de mercado o bien las ONG no llevaban a cabo el servicio.

La juez recoge como ejemplo de las actuaciones los proyectos otorgados a la Fundación Cyes en 2008 para abastecimiento de agua a Nicaragua y producción de alimentos, cuando la entidad no podía acreditar experiencia previa.

Del total de imputados en la causa, siete son cargos o excargos en la administración, como el propio Blasco; el ex director general de Integración y Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el ex subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, estos dos cesados por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tars su detención inicial por este caso. Los restantes, en su mayoría, están relacionados con distintas ONG.