La Junta General del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba ha acordado este miércoles, en sesión extraordinaria, solicitar a la Agencia Tributaria "la condonación de la sanción" de 1,7 millones de euros que dicho organismo dependiente del Ministerio de Hacienda le ha impuesto al consorcio "por no haber ingresado en tiempo y forma" las cuotas del IRPF correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del Consorcio de Bomberos y vicepresidente tercero de la Diputación, Manuel Gutiérrez (PP), ha dicho estar "satisfecho" con el resultado de la sesión de este miércoles de la Junta General, en la que están representados la Diputación y los ayuntamientos que integran el Consorcio, dado que "todos juntos seguimos apostando" por buscar su viabilidad.

En la reunión, el gobierno del PP en la Diputación, con la presencia, entre otros, del vicepresidente primero, Salvador Fuentes, también ha dado cuenta de las gestiones que ya ha realizado, ante la Dirección Territorial de la Agencia Tributaria en Andalucía, para lograr el aplazamiento del pago, hasta en cinco años, de la deuda, por un importe total de 3.386.792 euros, a cuenta de las cuotas del IRPF no abonadas en 2009, 2010 y 2011, que le había reclamado la Agencia Tributaria, junto con la citada sanción y en su correspondiente parte proporcional, a la Diputación y a los ayuntamientos, dándoles un plazo para la presentación de alegaciones.

Precisamente, Gutiérrez y Fuentes han explicado en la Junta General que, como resultado de sus gestiones ante la Agencia Tributaria, "se ha frenado y dejado sin efecto ese plazo para la presentación de alegaciones" de forma individualizada por parte de los ayuntamientos, lo que ha llevado a que este miércoles la Junta General del Consorcio haya acordado presentar "alegaciones conjuntas", en el marco de la negociación abierta para lograr dilatar el pago de la citada deuda tributaria.

Por otro lado, respecto a la deuda del Consorcio con la Seguridad Social, de la que había una parte cuyo pago era inaplazable y del que se hizo cargo la Diputación, adelantando también el dinero que debían aportar los ayuntamientos (224.000 euros), el vicepresidente primero de la institución provincial, Salvador Fuentes, según ha señalado Gutiérrez, se ha comprometido este miércoles "a estudiar" si la Diputación puede asumir como propio lo que debían haber aportado los ayuntamientos, pero dejando claro, ante las dudas al respecto planteadas por los ayuntamientos, que a lo que se había comprometido y luego hecho, tal y como recoge el acta de la anterior Junta General del Consorcio, fue a que la Diputación adelantaba todo lo que había que pagar, sin que ello implicara asumir como propia toda la deuda.

Interventor y tesorero

Al margen de ello, se ha aprobado por unanimidad la propuesta sobre el expediente para la acumulación de funciones para los puestos de secretario-interventor y tesorero del Consorcio, en cuanto a que éstos sean ocupados por el interventor y el tesorero de la propia Diputación, planteándolo así ahora formalmente a la Junta de Andalucía, que había pedido al Consorcio que fuese su Junta General la que lo aprobase, para así poder autorizarlo.

Esto, según Gutiérrez, "nos da garantías, en cuanto al control financiero del Consorcio", dado que, además, interventor y tesorero también participarán "en las reuniones de esa comisión, en la que estarán representados todos los grupos, los sindicatos y la Diputación, para analizar los distintos escenarios, que contemplemos entre todos, que puede tener el Consorcio, en cuanto a su viabilidad económica, aportaciones, formas de pago, cómo y cuándo deben hacerse los ingresos o inversiones futuras, es decir, plantear un nuevo modelo de Consorcio de Bomberos que, entre todos, consideremos que puede tener estabilidad de cara al futuro".

Denuncia a la fiscalía

Finalmente, se ha dado cuenta en la Junta General del Consorcio del decreto firmado por el propio presidente del Consorcio el pasado septiembre, mediante el que "se formalizó una denuncia ante la Fiscalía por las discordancias que había en los importes de las nóminas de Navarrete (anterior gerente del Consorcio)".

En concreto, se ha denunciado el posible ilícito penal en el que podría haber incurrido Navarrete por cuestiones tales como "las horas extraordinarias que se había metido o los anticipos a cuenta que luego no se dedujeron de sus nóminas", entre otras cuestiones, que se han recogido en "los pertinentes informes de Intervención y de la Asesoría Jurídica, que se han incorporado a la denuncia" presentada ante la Fiscalía.