Aurora, la matriarca del conocido clan de los 'Caracoleños', protagonista en 2009 de un crudo conflicto social a cuenta de un tiroteo en el que murió un menor de etnia gitana, se ha enfrentado este martes en los juzgados de Sevilla a un juicio derivado de la denuncia formulada por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), ante la supuesta ocupación ilegal de las viviendas públicas que estas personas adquirieron a terceros en el Polígono Sur y que recuperaron el 31 de julio de 2009 pese a haber sido precintadas por la administración autonómica tras su abandono previo.

Sobre el clan de los 'Caracoleños' es necesario recordar que se trata de un grupo de familias de etnia gitana que, ya en 2004, protagonizaron el polémico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales. Y es que para resolver los desarrollos urbanísticos previstos en el entorno en el que se alzaba este poblado de infraviviendas, el Ayuntamiento de Sevilla, entonces gobernado por el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, entregó a cada una de estas familias partidas de 42.000 euros a cambio de que abandonasen este emplazamiento.

Del poblado de los bermejales al polígono sur

Gracias a este dinero, muchas de estas familias se instalaron en el corazón del Polígono Sur, el barrio desfavorecido de Sevilla por excelencia, adquiriendo en muchos casos a terceras personas una serie de viviendas de promoción pública cuyo régimen está sujeto a su uso como vivienda habitual y cuya transferencia se ciñe, como no, a las restricciones propias de las viviendas protegidas. Es entonces cuando nos remontamos a la primavera de 2009, cuando este grupo de familias decidió exiliarse del Polígono Sur por temor a represalias ante la muerte de un menor en un tiroteo entre clanes.

Tras el éxodo chabolista iniciado aquel mes de abril de 2009 al abandonar las viviendas que habitaban en el Polígono Sur, el 31 de julio de 2009 estas personas regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido ya precintadas por EPSA. Durante y después del éxodo, periodo en el que estas personas habitaron diversos asentamientos chabolistas, la ya extinta Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio inició una investigación administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41 viviendas públicas habitadas por estas familias.

La denuncia de epsa

Dado que dicha investigación habría resuelto que al menos 36 de las 41 familias que compondrían el clan y que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas públicas carecían de vinculo legal alguno con los pisos en cuestión, EPSA emprendió acciones judiciales a cuenta de la ruptura de los precintos de estas viviendas y su nueva ocupación supuestamente ilegal al no mediar los procedimientos administrativos que rigen sobre las viviendas protegidas. Como consecuencia de esta denuncia, los juzgados han celebrado ya más de una quincena de vistas orales y las correspondientes sentencias serían todas absolutorias, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Y es que la defensa de estas familias esgrime que la ausencia de documentación efectiva que vincule a las familias con estas viviendas públicas es una situación en la que también incurren buena parte de los habitantes del Polígono Sur, que tales familias ya habitaban las viviendas antes de los hechos acontecidos en 2009 y, además, que las autoridades eran ya conscientes de que todas estas viviendas protegidas estaban habitadas precisamente por estas familias. Aurora, la conocida matriarca del clan, ha manifestado a Europa Press su convencimiento de que, de cualquier modo, también será absuelta.