El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha asegurado este jueves en el Pleno del Parlamento andaluz que no renuncia a ninguno de los proyectos para la construcción y mejora de infraestructuras y ha puesto de relieve los avances registrados en esta materia en los últimos años, pese a las mejoras pendientes y el trabajo que todavía queda por realizar.

En respuesta a una interpelación planteada por el PP-A, De Llera ha subrayado que este compromiso del Gobierno andaluz por seguir impulsando la mejora de las sedes judiciales se refleja en el trabajo continuado de su departamento en el desarrollo de los proyectos y en las labores y trámites previos a la ejecución de las infraestructuras pendientes de realizar, a los que ha destinado ya casi ocho millones de euros.

El responsable andaluz de Justicia ha reconocido las dificultades derivadas de la actual situación económica y financiera que determinarán los plazos y ritmos de estos proyectos y ha apostado por la búsqueda de nuevas vías de financiación como el modelo de colaboración con la iniciativa privada para la construcción de estas infraestructuras.

Junto a este necesario avance en materia de sedes judiciales, ha puesto de manifiesto que la mejora de la Justicia debe venir también de la mano de otras iniciativas y cambios estructurales, tecnológicos y organizativos que propicien un funcionamiento más ágil y eficaz de este servicio público en el futuro.

El consejero ha explicado en el Pleno de la Cámara andaluza que Andalucía dispone ya de dos grandes infraestructuras judiciales en funcionamiento como son las ciudades de la Justicia de Málaga y Almería, en las que se han invertido más de 133 millones de euros. Además, ha precisado que tres proyectos para nuevas sedes judiciales están pendientes de trámites en los respectivos Ayuntamientos, mientras que el resto se encuentran en diferente grado de ejecución como redacción de proyecto, supervisión, proceso de licitación o pendiente de inicio de obras, como es el caso de Córdoba.

Al margen de estas actuaciones en capitales de provincia y otras grandes ciudades, el esfuerzo de la Junta por mejorar la sedes judiciales se extiende también a otras poblaciones más pequeñas, en las que se han ejecutado 56 actuaciones —27 edificios de nueva planta y 29 de reforma integral— y se sigue trabajando en más de una veintena de actuaciones nuevas que se encuentran en su mayoría en fase de redacción de los proyectos.

El consejero ha resaltado las mejoras impulsadas desde la gestión autonómica en materia de infraestructuras, con la ejecución de de 119 actuaciones que han beneficiado al 95 por ciento de los partidos judiciales y que ha supuesto una inversión que supera los 300 millones de euros desde 1997.

Según De Llera, todo este esfuerzo ha permitido duplicar la superficie de las sedes judiciales de la Administración de Justicia en Andalucía y dar respuesta de esta forma al necesario crecimiento de órganos y servicios judiciales se demandaba. En este sentido, la Junta ha creado desde que asumió las competencias de Justicia cerca de 200.000 metros cuadrados más de nuevos espacios, disponiendo en la actualidad de un parque de edificios judiciales con una superficie de 456.478 metros cuadrados

Por último, ha destacado también las importantes mejoras experimentadas por el servicio público de Justicia desde que el Gobierno andaluz asumió las competencias en 1997, avances que se reflejan en múltiples aspectos como la plena informatización de todos los juzgados, el aumento de su presupuesto que se ha multiplicado por cuatro —pasando de 119 millones a 499— , el crecimiento de los recursos humanos —de 5.000 a 7.000 funcionarios— y del número de órganos judiciales —de 463 a 683—.

Por su parte, el diputado del PP-A Juan Ramón Ferreira ha denunciado el incumplimiento "de forma sangrante" del plan de infraestructuras judiciales por parte de la Junta, apuntando que el correspondiente al periodo 2002-2009, solo se ha ejecutado en un 60 por ciento. Ha señalado que es el momento de tomar medidas y de actuar y no tratar de responsabilizar al Gobierno de Mariano Rajoy de la situación.