El Juzgado de Instrucción número 7 de Getafe ha citado a declarar el próximo 21 de noviembre en calidad de imputados al exalcalde de la localidad, Pedro Castro; a su hijo, David Castro; y al actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Manuel Vázquez, en el caso de la presunta adjudicación irregular de un aparcamiento.

El auto, fechado a 3 de octubre, hace referencia a la causa abierta tras la denuncia del PP hace dos años sobre el posible fraude en la adjudicación de 1.200 plazas de aparcamiento por parte del Ayuntamiento de Getafe, entonces gobernado por el PSOE, en la localidad.

La exconcejal de Obras Públicas, Cristina González, ya fue imputada debido a que la empresa que se quedó con la gestión y explotación del parking tenía como tesorera a su madre y estaba presidida por su marido. González no se abstuvo en la votación que autorizó la concesión a pesar de sus vínculos familiares con los interesados.

Aunque la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa por considerar que solo existen responsabilidades administrativas, el juez cree que el informe de la Sección de Fiscalización de contratos públicos de la Intervención General de la Comunidad de Madrid pone de manifiesto una "serie de irregularidades en la tramitación del procedimiento administrativo de adjudicación y ejecución de los contratos públicos" en Getafe.

Estas irregularidades, continuam no han sido investigadas, ya que ni la Policía Judicial ni la Fiscalía han iniciado diligencias previas para esclarecer si los imputados incurrieton en delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

El Juzgado llama a declarar a Pedro Castro, David Castro y el exconcejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez, el próximo 21 de noviembre.

También reclama a las sociedades implicadas en la adjudicación que presenten los balances contables desde su constitución y requiere al Ayuntamiento de Getafe que informe en un plazo de cinco días acerca de si en el mes de junio de 2009 o en otras fechas se contrató la realización de auditorías de balances de las cooperativas con remisión, en su caso, del resultado de las mismas.

En la misma dirección, se requiere al Consistorio getafense que en un plazo de diez días se informe sobre las cantidades que en su día fueran abonadas a las cooperativas implicadas, el concepto de dichos pagos, el respaldo contractual o administrativo al que obedecían y que se emita un informe sobre si, a su criterio, en la ejecución de dichos contratos se causó perjuicio a las arcas municipales y en su caso, en qué cuantía.

Estas sociedades son Roblepark S.L., Estudio 23 S.A y las Sociedades Cooperativas Jilguero 2005, presidida entonces por el marido de la exconcejala imputada; Valdemorillo 2005, Plus Ultra 2005, Avenida de Aragón 2005 y Gabriel y Galán 2005.