El orden del día del Pleno del Congreso de la próxima semana incluye, por tercera vez en año y medio, la toma en consideración de la proposición de ley de reforma del estatuto de la Comunitat Valenciana que PP y PSOE aprobaron en la autonomía en 2006 para reclamar más financiación al Estado basándose en la denominada 'cláusula Camps'.

El debate de esta reforma estatutaria estaba pendiente desde la anterior legislatura pero fue aplazado dos veces, en abril de 2011 y la pasada primavera, ambas a instancias de las Cortes valencianas, que alegaba que no habían encontrado tiempo para elegir la delegación que debía defender el texto ante las Cortes.

Esos representantes ya están elegidos, pero tampoco ahora hay garantías de que la reforma estatutaria se debata finalmente en el Pleno del Congreso porque el nominado por el PP valenciano, Rafael Blasco, acaba de dimitir como portavoz del Grupo Popular de las Cortes al ser imputado en una investigación judicial.

LA '

Cláusula camps'

Se trata de una iniciativa con la que se pretende condicionar las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana al peso de su población, una mejora que se basa en la denominada 'cláusula Camps' que se incluyó en la reforma estatutaria de 2006 a instancias del entonces presidente valenciano, Francisco Camps, para garantizar que la comunidad modificaría su texto si se veía perjudicada por los Estatutos que estaban negociando entonces las demás comunidades.

Tras los Estatutos de Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Baleares y Extremadura, junto con buena parte de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre estos procesos, el 9 de marzo de 2011 la Comunidad Valenciana aprobó la citada proposición de ley de reforma estatutaria para reclamar al Gobierno central que tuviera en cuenta el peso de la población en sus inversiones por un periodo de siete años y para crear una comisión bilateral para negociar estas inversiones.

La reforma estatutaria recibió en su momento el apoyo de PP, PSPV y Compromís y la abstención de EUPV. No obstante, desde la dirección nacional del PP, que ahora está en el Gobierno, ya han dejado caer que en el contexto actual de crisis y de contención del déficit no parece que sea lo más adecuado debatir una reforma de la financiación autonómica en interés de una comunidad autónoma.

De hecho, en la Conferencia de Presidentes celebrada este martes en el Senado todas las comunidades acordaron que sea el comité técnico quien evalúe en 2013 la aplicación del vigente sistema de financiación autonómica con vistas a la revisión al año siguiente.

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