El Juzgado de Instrucción Número 7 de Figueres ha acogido este miércoles el juicio contra dos agentes de la Guardia Civil y un joven vecino de Vilajuïga (Girona), por un rifirrafe entre los tres, que se desencadenó en un control de drogas y armas, en el cual el joven hablo todo el rato en catalán, un idioma que los agentes no entendían bien.

En la vista se han dado dos versiones totalmente contradictorias: el joven acusa a los agentes de querer obligarle a hablar castellano "porqué estamos en España", mientras que los Guardia Civiles afirman que simplemente le pidieron que hablara más despacio en catalán porqué hacía poco que estaban en Catalunya y no entendían todo lo que les decía.

Aunque el tema de la lengua fue el detonante del cruce de insultos entre ambas partes, el fiscal, José Antonio Alonso, en la presentación de su informe ha querido dejar muy claro que no se ha juzgado el idioma que usó cada uno, ya que hablar catalán o castellano "no puede ser constitutivo de ningún delito", si no que lo que se enjuicia es la falta de respeto que tuvieron los unos hacia los otros.

El joven, Simó C., ha detallado que cuando se lo paró en seguida se le requirió que hablara en castellano, un hecho que él no aceptó y continuó dirigiéndose a los agentes en catalán "porqué es su lengua y la oficial en Catalunya", a partir de aquí la situación fue cada vez más tensa, hasta el punto que se sintió vejado y agredido por los agentes.

En cambio, los dos agentes han explicado que en ningún momento obligaron al joven a hablar en castellano, y que simplemente le pidieron que hablara más despacio para poder entenderlo; los agentes son de Galicia y Andalucía y hacía poco más de un año que estaban en Catalunya y han asegurado que solo entendían el 60% de lo que les decía.

Los agentes también han expuesto que en algún momento creyeron que el joven les agrediría, ya que se les acercaba mucho y no les dejaba registrar el coche; incluso, un agente lo apartó y el chico intentó darle un puñetazo, según su versión; mientras que el joven asegura que le agredieron para impedirle que viera como hacían el registro.

No hay pruebas objetivas

Después de hora y media de declaraciones, el fiscal ha pedido una sentencia absolutoria para los tres, que actuaban tanto como parte acusadora y acusante, ya que han dado dos versiones totalmente contradictorias y no hay pruebas objetivas que puedan esclarecer qué sucedió.

Las demás partes han estado de acuerdo con el fiscal en lo que de las versiones contradictorias, pero han mantenido la petición de pena: el abogado defensor del joven ha pedido una multa de 480? para cada agente por dos faltas de maltrato de obra y vejación; mientras que el letrado de los agentes ha reclamado un multa de 600? por una falta de desobediencia y otra de vejaciones.