Concretamente, la inmobiliaria pide para cada uno de ellos 1 año y nueve meses de prisión por coacciones y amenazas, mientras que la Fiscalía solicita cuatro meses de cárcel por posible usurpación. Además, se enfrentan al pago de un total de 13.000 euros de multa y 40.000 de indemnización.

Antes de entrar en la sede judicial de la Caleta, uno de los procesados, Oliver Fernández, ha explicado que fue inquilino de la Casa del Aire, situada en la calle Zenete del barrio granadino del Albaicín, desde el año 2003 y que fue desalojado de su vivienda en enero de 2010 por la inmobiliaria, que le acusaba de carecer de contrato, pese a que tenía uno verbal, según ha asegurado.

Aquel día dispuso tan sólo de dos horas para sacar sus cosas de la que había sido su casa, por lo que muchas de sus pertenencias las tuvo que dejar en el inmueble. Desde entonces, ha sido objeto, según ha dicho ante los periodistas, de numerosas multas y ha sido denunciado en ocasiones anteriores por la propietaria del edificio, si bien en los juicios celebrados ha sido finalmente absuelto.

"La presión era constante para que nos fuéramos de la casa, han perseguido la declaración de ruina, corte de suministros, amenazas e intento de quitar las puertas", ha indicado Fernández, que defenderá en el juicio que tenía un contrato verbal, y que no estaba ocupando la vivienda.

Otra de las procesadas, Clara Martínez de Dios, que fue desahuciada después de 22 años viviendo en la Casa del Aire, ha calificado la situación de "disparatada" y ha acusado a los bancos y las inmobiliarias de actuar como "auténticos delincuentes". "Sólo hemos defendido nuestro derecho a permanecer en nuestra vivienda, hemos vivido años de acoso permanente, en especial, Manuel, el último inquilino", ha mantenido Clara, para quien los vecinos de este inmueble son víctimas de una "situación absolutamente anticonstitucional y completamente vergonzosa".

Como ejemplo de la lucha contra la especulación urbanística

El inmueble se mantiene desde hace años como ejemplo de la lucha contra la especulación urbanística en el Albaicín, y ha concentrado en varias ocasiones, fundamentalmente desde 2010, a numerosas personas contra los desahucios de sus últimos inquilinos.

Según el colectivo Solidarios con la Casa del Aire, los vecinos de este edificio llevan ocho años sufriendo el "hostigamiento" de los propietarios, Edivara S.L. e Inmobiliaria Sol, que han buscado "constantemente" la declaración de ruina del inmueble, desatendiendo el mantenimiento, han dejado de pagar los suministros de agua o luz, o han ejercido distintas medidas de presión psicológica, impidiendo las visitas, por ejemplo.

Por ello, los vecinos del barrio han sido los que se han preocupado de mantener el edificio, y en denunciar los intereses "especulativos" de la inmobiliaria. De hecho, el pasado 28 de junio el Grupo de Juristas 17 de Marzo y Stop Desahucios del Movimiento 15M de Granada presentaron por este asunto la primera querella de Andalucía por acoso o 'mobbing' inmobiliario.

La querella se dirigió contra la propietaria del inmueble, y contra sus administradores o representantes legales por un delito de coacciones del artículo 172 del Código Penal, en su modalidad de acoso inmobiliario, o, alternativamente, un delito contra la integridad moral en su modalidad de actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

Según el documento presentado, al que tuvo acceso en su día Europa Press, tras adquirir Edivara el inmueble en junio de 2005, la empresa ha intentado no reconocer los acuerdos de regularización de contratos con los anteriores propietarios, y trató de invalidarlos, tanto los de duración limitada como los indefinidos. Asimismo, según denunciaron, ha descuidado el deber de conservación del edificio con el objetivo que se declare en estado de ruina, pese a los continuos requerimientos del Ayuntamiento de Granada para que ejecute trabajos subsidiarios.

Los querellantes censuran además que Edivara no cesa en sus intentos de deteriorar el edificio para provocar la salida de sus inquilinos (ya sólo queda Manuel Prieto) y ha tirado varios de los falsos techos de las viviendas, "dejando abiertos espacios por los que las condiciones climáticas puedan hacer mella". También la empresa se ha negado a pagar los suministros básicos y a establecer baterías de contadores de agua reglamentarios y ha llegado a ejercer "coacciones directas" contra los inquilinos, como con la prohibición del paso a amigos y familiares de los vecinos, con vigilantes de seguridad, o negándoles las llaves del portal.

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