Los ciudadanos que reciben ayuda del Consorcio de Atención a las Personas del Alt Urgell (Lleida) para comprar comida y pagar el alquiler o la luz estarán obligados a realizar trabajos en beneficio de la comunidad.

El ente –gobernado por CIU– sostiene que esta iniciativa pionera servirá para reducir la dependencia crónica de los servicios sociales y mejorar la autoestima y la autonomía de los usuarios. Estos argumentos, sin embargo, no convencen a entidades como Cáritas, que cree que se tendría que estudiar caso por caso.

A partir de este lunes, deberán trabajar una hora por cada 15 euros que reciban y no percibirán las ayudas aquellos que, estando en plenas  facultades físicas y psíquicas, se nieguen a realizar la "colaboració social como contraprestación", la dejen de hacer o reciban una "valoración negativa" del responsable de la actividad, según las bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Las "colaboraciones" varían desde hacer de conserje de equipamientos municipales a apoyar a brigadas municipales de obras y jardinería, a la perrera supramunicipal y el servicio de limpieza. También podrán enseñar catalán o a usar las nuevas tecnologías.

"Los trabajos comunitarios son un castigo, lo hacen personas condenadas y ellos no han hecho nada. Además, todo el mundo sabrá que han pedido ayuda", explica a 20 minutos el portavoz socialista de la Seu d'Urgell, Óscar Ordeig, quien recuerda que "hay mucha gente sin trabajo no por pereza, sino porque no hay trabajo".

Si bien en algunos casos puede ser una buena iniciativa, porque el trabajar unas horas puede servir para sentirse útil y mejorar la autoestima, en otros casos puede ser contraproducente. Por ejemplo, cuando el beneficiario tiene problemas familiares o de salud. Precisamente, el BOP recoge que sólo las personas que han pedido el reconocimiento de la dependencia están exentas de hacer la tarea. Si viven con un familiar que pueda realizar la tarea social, será éste quien la haga.