El PSOE pide al Equipo de Gobierno un informe sobre el funcionamiento de las instalaciones deportivas de Otero

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado al Equipo de Gobierno que los técnicos deportivos municipales realicen un informe sobre el funcionamiento de las piscinas y la pista deportiva de Otero, ante las quejas planteadas por un grupo importante de usuarios de las mismas.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado al Equipo de Gobierno que los técnicos deportivos municipales realicen un informe sobre el funcionamiento de las piscinas y la pista deportiva de Otero, ante las quejas planteadas por un grupo importante de usuarios de las mismas.

Según indican los socialistas en nota de prensa, los usuarios de Otero "denuncian sobre todo el estado de los 'aparatos' puestos a su disposición para hacer deporte y plantean que hay 5 de ellos que llevan más de un mes sin poder ser utilizados, que además habían sido renovados hace poco tiempo y se habían traído de otro centro de la misma empresa concesionaria". De la misma forma, lamentan también "las dificultades que encuentran permanentemente para plantear sus quejas y sugerencias a los responsables de la empresa".

Dado que "no es la primera vez" que al Grupo Socialista llegan denuncias sobre este centro, ha decidido solicitar al Equipo de Gobierno "un informe completo de sus técnicos municipales que permita conocer a la Corporación todos estos extremos y si se están cumpliendo o no las obligaciones firmadas por la empresa".

"El polideportivo y piscinas de Otero es una de las tres instalaciones deportivas municipales privatizadas", recuerdan los socialistas, afirmando que "su gestión corresponde a una empresa privada y tal y como reconocen los estudios económicos del propio Equipo de Gobierno, para el Ayuntamiento es un servicio deficitario, del que nada se ingresa y sin embargo el Municipio tiene que consignar una cantidad anual destinada a mantener el equilibrio financiero".

Con todo, los socialistas quieren incidir en que se trata de una instalación "que sigue siendo de titularidad municipal, que ha sido costeada con fondos públicos y que por tanto sus usuarios y usuarias tienen derecho a una calidad mínima en el servicio y, por supuesto, a plantear sugerencias, quejas y reclamaciones".

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