El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja) ha trasladado un escrito a la Defensora del Pueblo estatal, Soledad Becerril, en el que le insta a que presente sendos recursos de inconstitucionalidad para la protección de los Derechos Fundamentales contra los decretos con medidas de ajuste aprobados en los pasados meses de junio y julio por los gobiernos central y autonómico, al entender que ambos "infringen" distintos "preceptos constitucionales".

En concreto, los recursos deben interponerse, según la solicitud de Safja, contra preceptos del Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria —aprobado por el Ejecutivo de la Nación—, y el Decreto Ley 1/2012 de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico financiero de la Junta.

Se trata de dos "vehículos legislativos" que, para Safja, conllevan "todo un bloque de recortes, sufridos por partida doble, en las condiciones retributivas, laborales, sociales y de conciliación de la vida personal y familiar del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía".

En una nota, el sindicato ha resaltado que es la primera vez que se utiliza esta vía para denunciar estos "recortes", que, a juicio de esta organización, suponen "una completa indefensión, vulneración y lesión de derechos fundamentales que asisten al personal funcionario público al servicio de la Junta".

Así, Safja considera que estos decretos "infringen" preceptos constitucionales como "la dignidad del personal funcionario, el principio de igualdad, la integridad moral, la negociación colectiva y el derecho al honor", entre otros.

Las medidas incluidas en estos decretos "van más allá de recortes económicos", ya que contemplan "incrementos de jornada laboral, constantes congelaciones y disminuciones retributivas, así como la eliminación de pagas extraordinarias, la reducción de personas y ayudas de acción social", y "se concentran sobre un sector concreto, el de los funcionarios públicos", lo que demuestra, según este sindicato, "la arbitrariedad de los poderes públicos en la toma de decisiones".

"Aprobar la norma que afecta al Estatuto del Empleado Público de más de dos millones de empleados públicos (y los Decretos Leyes autonómicos que afectan a más de 25.000 funcionarios), como mínimo debería cumplir el principio de participación impuesto por la Constitución y oírse, al menos, en Mesa General de Negociación de la Función Pública (convocándola con urgencia a tal efecto)", asevera el Sindicato Andaluz de Funcionarios, que, de este modo, insta tanto al Gobierno central como al andaluz a que "se desliguen de los procedimientos establecidos en la legislación básica para la modificación de las condiciones de trabajo, sin que se garantice la eficacia, la eficiencia, la transparencia ni la publicidad en la gestión de los fondos públicos".

En esta línea, la organización critica los "cambios a mitad de ejercicio presupuestario" introducidos por los gobernantes "fuera de mecanismos objetivos y eficientes", que, en su opinión, "deben imperar en el funcionamiento de la Administración".

Por último, Safja concluye que un Decreto-Ley es "un arma constitucional de emergencia" que, de este modo, "no puede servir para modificaciones, masivas, sin respetar leyes de ningún tipo", a la vez que aboga por "alternativas más razonables" tanto para "el ahorro económico de las arcas públicas como para la eliminación de empresas públicas".