El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles con los votos a favor de la bancada 'popular' el Proyecto de Ley para la concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito para la financiación del mecanismo de pago a proveedores al que se acogió la Comunidad Autónoma el pasado 29 de marzo y que permitió hacer frente en junio a 1.052 millones de euros en facturas impagadas por obras, servicios y suministros a la Administración regional.

Con la aprobación de este Proyecto de Ley, que ha contado con el voto en contra del Grupo Mixto y la abstención de los socialistas, se ha dado el visto bueno a contabilizar esos 1.052 millones de euros adicionales (1.050 millones en forma de suplemento y 2,5 millones en forma de crédito extra) en el presupuesto de Castilla y León para el año 2012 afectado por las "graves tensiones de liquidez" de las administraciones ante la insuficiencia de recursos propios y las restricciones para la obtención de financiación ajena.

Así lo ha explicado la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en la presentación de este Proyecto de Ley que ha permitido regular un mecanismo "ventajoso" tanto por los costes financieros, "menores a los que ofrece el mercado" y con tipos de intereses "más atractivos", como por los plazos, 10 años con los dos primeros ejercicios de carencia, unas condiciones "vedadas en esos momentos" para las autonomías.

Del Olmo ha destacado la importancia de este proyecto por su "incidencia positiva" en la sostenibilidad de las cuentas públicas al permitir regularizar los pagos pendientes con un total de 2.137 empresas de Castilla y León y que fueron tenidos en cuenta en su momento para determinar el déficit de la Comunidad, según ha aclarado.

En este sentido, la consejera ha aprovechado la ocasión para lamentar la crisis de recursos y, en particular, la "insuficiente" financiación de la Sanidad -casi un 95 por ciento de las partidas modificadas corresponden a gasto sanitario— que, según ha recordado, afecta a las comunidades desde el traspaso de las competencias de gestión sanitaria "y que no han sabido resolver los sucesivos sistemas de financiación, tampoco el de 2009".

Condiciones "muy negativas"

Desde las filas socialistas, el procurador Julio López ha argumentado la abstención de su grupo en la votación de esta Ley consciente de que tiene efectos positivos para los 2.137 proveedores que no habían cobrado sus facturas pendientes pero "muy negativos" en términos de intereses y de condicionalidad para los 2,5 millones de habitantes de Castilla y León.

Según ha asegurado, esos 1.052 millones de euros extraordinarios se pagarán a un 6,0 por ciento, frente al 4,5 por ciento de media que venía pagando la Junta en el sistema tradicional, lo que supondrá un diferencial de más de 15 millones de euros en un año, "una exageración" que equivale, ha recordado, al recorte en ayudas para la adquisición de libros de texto.

En total, ha cifrado los costes financieros de esta operación en 400 millones de euros con un beneficio neto de 330 millones de euros para los bancos, a los que ha acusado de "usura" ya que han obtenido el dinero al 1 por ciento en la política de "barra libre" del Banco Central Europeo.

López ha responsabilizado directamente a Del Olmo de esos 1.052 millones en facturas impagadas en lo que ha definido como un ejercicio de "apariencia" que obligó a guardar todas las facturas pendientes en un cajón a partir del mes de septiembre de 2011 para poder cumplir con el objetivo de déficit de ese año.

Del mismo modo, ha cuestionado la "falta de transparencia" de la Junta al no mencionar la "letra pequeña" o el plan de ajuste que lleva consigo la adhesión al plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy y que supondrá "recortes y sacrificios que no conocemos".

"Parece que aquí lo importante es el déficit, las comas, los decimales, los céntimos -en ironía a la intervención "demasiado técnica y fría" de la consejera—; se olvidan una vez más de las consecuencias de sus decisiones para los castellanoleoneses", ha advertido Julio López, para quien todo deriva de un Gobierno en Madrid que es "títere" a su vez de Ángela Merkel.

Finalmente, ha aprovechado la ocasión para recordar que la trasferencia de la Sanidad la negoció el actual portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, que en 2011 aseguró que asumía la competencia sin ninguna deuda y en condiciones de equilibrio. "Pues mal ha ido después entre 2001 y 2009", ha lamentado López, que ha acusado a la Junta de "mala gestión" y de sumisión" a un modelo de financiación "impuesto" por el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, y que en Castilla y León aceptaron "tragando y tragando".

Sin responsables

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz del Grupo Mixto, José María González, de IU, que ha cargado contra una decisión que supondrá pagar más por lo que se ha gestionado mal con "muchos menos recursos" para las arcas autonómicas por el pago de unos intereses a mayores a los que se ha referido como 'la bolsa de Alí Babá'.

"Lo peor es que no hay ningún responsable de esta situación que parece que ha sido generada por el cielo infinito", ha lamentado González, para quien se trata de un "nuevo negocio" a costa del erario público que ha impedido además a los proveedores pendientes de pago acudir a la vía de los tribunales y que han tenido que reducir incluso la cantidad que se les adeudaba.

González ha cuestionado también la presentación de este Proyecto de Ley con "nocturnidad", porque se ha tramitado "de la noche a la mañana cuando ha tenido meses", y "alevosía" en una "chapuza" para reformar unos presupuestos que, según ha recordado, acaban de nacer -se aprobaron en junio— pero están a punto de morir.

Desde las filas 'populares', el portavoz de Hacienda, Salvador Cruz, ha defendido la "oportunidad" y el "acierto" de un mecanismo al que se han acogido 14 de las 17 autonomías españolas y que ha supuesto una inyección de liquidez de 26.000 millones de euros a la economía española en condiciones económicas "favorables".

Cruz ha definido el mecanismo de pago a proveedores como "la mayor operación de refinanciación de la economía española" que ha supuesto una "inyección sin precedentes" de fondos, especialmente para pymes y autónomos, y ha permitido salvar o mantener un importante nivel de empleo además de formalizar las relaciones de la administración con sus proveedores y contratistas ante una "situación poco tolerable" que se estaba planteando ya con normalidad, según sus palabras.

"No es labor de las empresas financiar las actividades de la Administración pública", ha admitido Cruz, para quien esta operación permitió además mejorar la confianza en la economía española en lo que ha considerado un "total acierto" por parte tanto del Gobierno, por crear el fondo, como de la Junta por adherirse.

La tramitación de este Proyecto de Ley se ha llevado A CABO por el procedimiento de lectura única al que se han opuesto los dos partidos en la oposición.