El presidente del Ejecutivo balear, José Ramón Bauzá, no estaba autorizado por el Consell de Govern para interponer una demanda civil contra el secretario general de UGT, Lorenzo Bravo, ni contra el sindicato que representa, por lo que el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Palma ha instado al gabinete autonómico a dictar un nuevo acuerdo que faculte a Bauzá si su pretensión pasa por llevar a delante una demanda de protección de derecho al honor.

Así lo ha acordado la jueza durante la audiencia que este martes ha tenido lugar en el Juzgado a raíz de la demanda que Bauzá, a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, presentó contra el líder sindical y UGT por haberle llamado "fascista", entre otros improperios, a pesar de que el acuerdo adoptado por el Consell de Govern el pasado mes de febrero no le habilitaba para acudir a la vía civil como tampoco a ejercer acciones contra el sindicato.

Durante la audiencia, a la que han sido convocados tanto la Abogacía autonómica como el representante legal de Bravo, Pablo Alonso de Caso, éste ha puesto de manifiesto que el Consell de Govern únicamente autorizó a los jurídicos de la Comunidad a iniciar acciones en materia penal ante la presunta comisión de un delito de injurias contra el presidente, pero no a interponer una demanda civil, con la que Bauzá reclamaba una indemnización de 6.000 euros.

De esta forma, la magistrada ha dado un plazo de diez días a la Abogacía para que presente un nuevo acuerdo del Consell de Govern que le faculte a iniciar acciones por vía civil si así lo considera el presidente, tal y como exige la Ley.