El exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla, imputado en el caso de las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), ha asegurado este lunes en la comisión de investigación del Parlamento que no se ha beneficiado ni directa ni indirectamente a título personal de un solo céntimo de las ayudas destinadas por la Junta para los planes de viabilidad de empresas del corcho en la Sierra Norte.

Rodríguez de la Borbolla ha rehusado contestar durante su comparecencia en la comisión a las preguntas de los grupos políticos para no "interferir" con el procedimiento penal en curso, en él que está imputado, y no perjudicar su derecho de defensa de cara a una citación judicial.

Ha iniciado su intervención agradeciendo a los miembros de la comisión el "privilegio" otorgado al haberlo escogido solo a él y a nadie más para comparecer en la comisión de investigación, de entre más de cien personas en circunstancias parecidas o similares a la suya. "Tendrán sus razones para esta elección", según ha expresado Ángel Rodríguez de la Borbolla, quien ha señalado que era "rigurosamente falso" que haya estado ilocalizable en el mes de agosto para comparecer en la comisión en la primera tanda y que comunicó al letrado del Parlamento que iba a estar fuera ese mes por motivos profesionales.

Ha puesto de manifiesto que está inmerso en este momento en un procedimiento penal a raíz de la denuncia "inmotivada, injusta y arbitraria" de la Junta en la que ésta se limita "a expresar unos datos cuya trascendencia penal no justifica, de los que no extrae consecuencia jurídica alguna y mucho menos aclara los motivos por los que, entre 15 consejeros de las sociedades con las que se me relaciona a las que se destinan las subvenciones recibidas, se me imputa a mí".

"Desconozco qué hechos se me atribuyen ni el motivo de esta discriminación positiva realizada por la Junta, de manera que me encuentro en la más absoluta e injusta indefensión", ha sentenciado el exalcalde. De hecho, ha entregado a la comisión de una copia de la denuncia de la Junta contra él.

En cuanto al asunto de la subvenciones a empresas del corcho, ha explicado que a partir de 1998, las empresas entraron en unas dificultades financieras que las abocaban al cierre y, conocida esta circunstancias por la Consejería de Empleo, ésta planteó que era necesario intentar mantener la actividad y los puestos de trabajo y que para ello había partidas concretas, que se enmarcarían en planes de viabilidad.

Ha querido dejar claro que desde la Junta se le hizo este planteamiento exclusivamente por su condición de alcalde de una zona con empresas afectadas y que él no tenía ninguna "implicación personal ni económica" en este sector. "Entendí que las ayudas estaban perfectamente sujetas a la legalidad vigente", ha indicado Rodríguez de la Borbolla.

Ha agregado además que ante la imposibilidad de algunos socios de esas empresas de hacer la aportación para el plan de viabilidad, que se fijaba en un mínimo del 30 por ciento por parte de los socios, él se vio en la "obligación moral" de implicarse personalmente y vender parte importante de su patrimonio para aportar lo necesario al capital de la sociedad y posibilitar así la viabilidad del sector.

"Siempre he tenido la convicción de que las ayudas eran absolutamente legales porque resultará impensable que la Junta las ofreciera si no lo fueran y jamás tuve el menor indicio de lo contrario", ha indicado el exalcalde, al tiempo que ha añadido que todas las cantidades percibidas se han destinado a las empresas en crisis y de ninguna manera se trataba de empresas creadas 'ad hoc' para recibir subvenciones, como se ha llegado a decir, sino que son empresas que ya existían e intentaban hacer realidad el plan de industrialización de la Junta en una comarca deprimida.

Asimismo, ha querido dejar claro que ni él ni ningún otro partícipe de las sociedades que recibieron ayudas de la Junta "se benefició directa o indirectamente a título personal de ni un solo céntimo".

De hecho, ha indicado que todos los que se mantuvieron apoyando el proyecto han terminado en situación "muy precaria", debido a las aportaciones patrimoniales realizadas en todo este proceso, y ha apuntado que en lo que a él respecta, "en una situación de ruina económica". Ha querido dejar claro que ninguna empresa era suya.

Intervenciones de los grupos

El diputado del PP-A Rafael Salas ha preguntado a Rodríguez de la Borbolla sobre si conseguía proyectos para sus empresas en la Sierra Norte y si a él lo llamaban o él lo hacía "¿Cómo se inició todo?", ha preguntado Salas, recordando que es mucho dinero de los andaluces el que se ha repartido de forma ilegal. También le ha preguntado sobre si presentó "alguna solicitud para las ayudas que recibió" y si ha sido requerido por la Junta para devolver las ayudas que percibió.

Por su parte, la diputada de IULV-CA Alba Doblas ha preguntado a Rodríguez de la Borbolla si el exconsejero de Empleo José Antonio Viera y el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero participaron en todo el "entramado" de constituir empresas en la Sierra Norte para que recibieran ayudas de la Junta. "¿Cuándo decidió dedicarse a este negocio?, le ha preguntado al exalcalde, a quien también ha cuestionado sobre si con su apellido le ha resultado fácil que le abrieran las puertas. "Es usted un Urdangarín a la andaluza", ha expresado Doblas.

La diputada del grupo socialista Antonia Moro, respetando el derecho de Rodríguez de la Borbolla a no contestar a las cuestiones que se le han formulado, hizo entrega a la presidencia de la comisión de un listado con 24 preguntas para que constara en acta.